La defensa de los ocho jóvenes acusados por la trifulca de Altsasu ha señalado a la magistrada Concepción Espejel, designada para presidir el tribunal que les juzgará. Considera que no puede ser imparcial por los estrechos vínculos que mantiene con el instituto militar, tanto personales –su marido es coronel del cuerpo– como «profesionales» –ha sido condecorada con la Orden del Mérito de la Guardia Civil–. La cuestión parece obvia, pero la Audiencia Nacional ha tardado solo horas en rechazar la recusación y lo ha hecho sin entrar en el fondo.

No es el único caso. Tras el juicio por torturas a Sandra Barrenetxea se conoció que el ponente del tribunal, el magistrado Alfonso González Guija, había sido condecorado igualmente por la Guardia Civil con la Orden del Mérito y que este galardón se otorgó, además, cuando ya se conocía que formaría parte de dicho tribunal, cuestión que al parecer nadie consideró inadecuada. El juez tampoco la rechazó. Ningún conflicto de intereses, todo normal.

Las distinciones se han convertido en un modo de obtener lealtades. Los lazos familiares y las relaciones afectivas tienen una importante fuerza para vincular a las personas con determinadas causas pero su radio de acción es limitado. Mucho más amplio y profundo es el ámbito de influencia de estos galardones que alimentan una especie de deuda moral entre emisor y receptor. No cabe otra explicación al hecho de que la Guardia Civil se dedique a repartir condecoraciones entre los miembros de otros estamentos del Estado, especialmente en la judicatura, que tratar de obtener un trato favorable en aquellos asuntos que son de un interés especial para el instituto.

La petición de penas, la cárcel preventiva y ahora también esta condecoración y el rechazo a la recusación en tiempo récord... todo indica que la Guardia Civil tiene un interés especial en castigar la trifulca de Altsasu y está movilizando todos los medios a su alcance para conseguirlo. Se muestra, de nuevo, como un Estado dentro del Estado.