A cuenta del 12 de Octubre, lo cual ya indica una raigambre política colonialista y violenta, la Plaza Nueva de Gasteiz fue ayer el escenario de una parada de la Guardia Civil. Es una vergüenza y un escándalo que las instituciones vascas participen de la apología de ese cuerpo militar.

Este desfile es una decisión horrible. Desde el Gobierno municipal de Gasteiz, con su alcaldesa, Maider Etxebarria, a la cabeza, hasta el Ejecutivo de Lakua, que estuvo representado por su director de Justicia, José María Bastos, nadie parece entender la gravedad del asunto, el dolor que genera en las víctimas.

Las FSE generan un gran rechazo social en Euskal Herria porque durante décadas han protagonizado una represión feroz que incluye secuestros, grupos parapoliciales, muertes y, sobre todo, porque han torturado a miles de ciudadanos y ciudadanas vascas. La Guardia Civil, de forma especial y especialmente salvaje. Lo certifican los hechos y diversos informes oficiales, lo han admitido los Gobiernos de Gasteiz e Iruñea y así lo atestiguan miles de víctimas.

En las vulneraciones de derechos humanos producidas por los aparatos del Estado faltan gran parte de la verdad, muchísimo reconocimiento y toda la justicia. Además, la arrogancia mostrada con actos como el de ayer obliga a poner en duda que existan garantías de no repetición. Sin incentivos ni castigos, las estructuras militares que no tienen una ética de guerra difícilmente pueden desarrollar una ética de paz.

Un solo guardia civil preso por torturas cambiaría toda la dialéctica. La sombra moral que da el cuartel de Intxaurrondo persigue a quienes llaman a esto «normalización democrática». A falta de un reconocimiento de lo que hicieron, que aunque tarde y mal llegará, ayudaría que no se haga un relato de vencedores y vencidos, que se piense en el dolor ajeno y se den pasos firmes hacia un marco de convivencia integral basado en los derechos humanos.

Todas las víctimas merecen respeto

En un ejercicio de valentía y dignidad, convocadas por la plataforma Memoria Osoa, decenas de víctimas de la violencia del Estado, y en concreto de la Guardia Civil, acudieron a Gasteiz para denunciar el negacionismo y la revictimización, para reivindicar sus derechos y pedir que no haya retrocesos en el camino hacia una memoria inclusiva.

Merecen un respeto que se les niega. La exclusión en Gogora de Pilar Garaialde, hija de una víctima de la Triple A, es otro ejemplo de discriminación. Son tratadas como víctimas de segunda.

Los representantes políticos no muestran conciencia alguna de que con actos así se está discriminando y revictimizando a quienes sufrieron vulneraciones de derechos humanos por parte del Estado. A veces entra la duda sobre si se creen las mentiras que difunde el Memorial, les da igual o están orgullosos. No hay una sola hipótesis positiva al respecto. En este terreno, el PNV puede tratar de tranquilizar su conciencia diciendo que esto corresponde al PSE, pero entonces deberá dejar de demandar pruebas de fuego a EH Bildu mientras permite a sus socios revertir las políticas para una memoria inclusiva. La otra opción es que el PSOE asuma de una vez y sin excusas su responsabilidad.

En este contexto, es paradójico ver al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, explicando a la derecha española que lo inaceptable era la trampa que hicieron hace diez años para esquivar la legislación europea y alargar las condenas a presos vascos. El ministro es buen conocedor del tema porque, siendo juez, permitió las torturas y retorció la ley para agudizar el punitivismo contra los militantes vascos. En perspectiva, se demuestra que retrasar hacer lo correcto solo genera dolor y problemas políticos graves.