El marco principal de la manifestación de ayer en favor de los derechos de los presos y presas vascas y sus familiares es el que establecen los derechos humanos. Derechos que son universales y, por lo tanto, no están sujetos a condiciones. Son precisamente quienes ponen condiciones los que justifican, provocan y/o deciden que se conculquen esos derechos. Evidentemente, ahora y antes, aquí y en todo el mundo.  
    
Hoy en día, en Euskal Herria, los derechos que se están violando son los de esos 349 presos y sus familiares, no otros. Y una gran mayoría social y política está en contra de esta política sádica que impulsan los estados español y francés. Evidentemente, habrá ciudadanos cuya sensibilidad les empuje a priorizar los derechos de otras personas, situándose en el pasado o en otras latitudes. También habrá quienes no tengan los derechos humanos como criterio principal de justicia, lo admitan o no. Incluso quienes se hayan dado cuenta ahora de que, pese a que en otros tiempos los invocaban, en este caso no están dispuestos a aceptarlos como universales y, por lo tanto, como derechos humanos. Esto provoca una serie de «malas conciencias» que habrá que acertar a gestionar con un espíritu constructivo que combata eficazmente el cinismo y la hipocresía.

La loable presencia ayer de Rosa Rodero y Edurne Brouard, entre otras muchas personas, establece una potente interpelación a la superación personal y comunitaria, por un lado, y un cortafuegos contra el «pantojismo» moral, por otro.  

Lecciones, novedades, pluralidad y estrategia

Además del valor intrínseco que tiene una movilización social de estas dimensiones en un país pequeño como el nuestro –que ayer además tuvo que batallar contra las inclemencias invernales–, cada año esta marcha se ve reforzada por elementos nuevos. Además de la natural tendencia vasca a dar lecciones al resto, se está acumulando un saber hacer y un posicionamiento renovado, ganador. Y es que como sociedad deberíamos haber aprendido algo de nuestro pasado. En términos analíticos, es lógico que en el contexto de un conflicto abierto se violen frecuentemente más derechos, especialmente entre combatientes, y también es común que la sociedad sea parcial respecto a estas violaciones. Es decir, que no valore por igual las que padecen unos y otros. Eso no quiere decir que esté bien, pero es un hecho del que los vascos hemos sido tristes protagonistas hasta hace poco más de un lustro. La pluralidad mostrada en la convocatoria de Bilbo deja atrás parroquianismos estériles y nos hace avanzar como sociedad hacia el objetivo de «todos los derechos para todas las personas».

A estas alturas la movilización de ayer resulta extemporánea en cierto sentido, ya que después de la decisión de ETA, hace más de cinco años, en Euskal Herria no hay un conflicto armado abierto. Sin embargo los presos políticos vascos siguen padeciendo condenas y condiciones de encarcelamiento excepcionales que responden a un «derecho del enemigo», propias de un contexto bélico. Son un indicador más de que, por encima del conflicto armado, el político perdura. Para colmo, los gobiernos español y francés castigan a los familiares sin más sentido que la venganza y el chantaje. El tiempo ha demostrado que bajo algunos rimbombantes principios morales solo se escondían pobres excusas políticas. Frente a esas políticas, otra gran novedad de este año es el debate del EPPK, que vacía la piscina de las excusas y obliga a los responsables bien a cambiar de postura bien a mostrar su cara más despiadada.
 
La violación de derechos por parte de los gobiernos es particularmente grave porque su función es precisamente garantizarlos. Atiendan o no a esta demanda social los gobiernos de Madrid y París, los de Gasteiz e Iruñea deberían entender que los derechos de estos presos también son su responsabilidad, porque son ciudadanos suyos que están siendo utilizados como rehenes bajo leyes y políticas injustas, inhumanas.

Desidia política, sadismo moral e indiferencia

Con esta dinámica por los derechos se estrecha el margen para la desidia política, el sadismo moral o la indiferencia social en relación a la situación de los presos y presas vascas. No solo eso. Se abona además una cultura política que haga de la resolución una de nuestras competencias más preciadas y de la voluntad de paz y justicia una de nuestras banderas como pueblo.