Los detractores de la ampliación de derechos a las personas a menudo critican las ayudas sociales porque consideran que constituyen un estímulo negativo para las personas que las reciben. Se ha demonizado especialmente la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), caracterizándola como una prestación que poco menos que fomenta la holgazanería, la irresponsabilidad y la ociosidad. Una perspectiva que queda totalmente desacreditada a poco que se repasen las estadísticas que proporciona periódicamente Lanbide. En los últimos cuatro años, por ejemplo, casi la mitad de los preceptores de la RGI eran trabajadores y pensionistas.

En este sentido, llama poderosamente la atención que haya tantas personas que cobren la RGI y que, al mismo tiempo, estén trabajando –casi uno de cada cinco perceptores–, algo que solo puede ser fruto de unas relaciones laborales muy precarias, empleos a tiempo parcial y salarios bajísimos. De otro modo, no se entiende que haya personas que estén trabajando y que su salario no llegue, no ya al salario mínimo, sino ni siquiera al máximo establecido para cobrar la RGI. Tal es el deterioro de las relaciones laborales, que la existencia de trabajadores pobres con empleo es una realidad extendida en la sociedad vasca. Lo es especialmente entre las mujeres, que doblan en número a los hombres que perciben la prestación trabajando. Hace ya tiempo que encontrar un empleo no es garantía de ingresos suficientes para llevar una vida digna. El hecho de que los pensionistas representen casi una cuarta parte de las personas que reciben la RGI refleja los tremendos desajustes que arrastra el actual sistema de pensiones. Existe un amplio colectivo de personas jubiladas que sigue cobrando pensiones que están muy lejos de una renta digna.

La constatación de que las prestaciones sociales se utilizan cada vez más para complementar los ingresos de las personas que trabajan, o se han jubilado tras pasar la vida trabajando, muestra que, lejos de avanzar hacia la igualdad y la justicia, la sociedad vasca camina en sentido contrario, hacia un aumento de la explotación y la pobreza. Una tendencia preocupante que es el resultado de precarizar las relaciones laborales.