El Tribunal Correccional de París condenó ayer a la líder de Rassemblement National (RN), Marine Le Pen, a cuatro años de cárcel, 100.000 euros de multa y cinco años de inelegibilidad. Ella y otros ocho dirigentes de la formación ultraderechista fueron declarados culpables de defraudar 2,9 millones al Parlamento Europeo, con cuyos recursos contrataron a asistentes que, en realidad, trabajaban en el Estado francés para el partido. A falta de nuevos recursos a instancias superiores, Le Pen no podrá, en principio, concurrir a las presidenciales previstas para 2027.

El tribunal subrayó que no se trata de un juicio político y el fallo, recurrible, pero de aplicación inmediata, contiene hechos concluyentes que, a lo largo del proceso, ni los propios acusados se han esforzado realmente en rebatir. La defensa ha tratado, más bien, de alegar que todos lo hacían. Así lo sugiere la condena previa al partido del ahora primer ministro, François Bayrou, por un monto menor. En cualquier caso, no deja de ser ilustrativo que la extrema derecha, que medra a base de desacreditar a toda la clase política y anunciar la regeneración política, caiga a las primeras de cambio en las malas prácticas de toda la vida. No se olvide que al otro lado de los Pirineos, la Fiscalía Anticorrupción mantiene abierta una investigación contra Vox por presunta financiación irregular.

No es, por tanto, un caso de lawfare, pero evidentemente va a tener consecuencias políticas relevantes, especialmente la inhabilitación inmediata de Le Pen, que en cada elección presidencial estaba más cerca al Elíseo. Es difícil valorar cuáles serán los efectos, pero con una figura secundaria ya consolidada como Jordan Bardella, la repercusión electoral puede ser limitada. También existe el peligro de que el resultado sea el contrario y que la retórica victimista que acompañará a la sentencia les dé un nuevo empujón. Dependerá, en gran medida, de la capacidad de articular un bloque político que supere la retórica vacía macronista y ofrezca una alternativa real. Aunque tiene un papel importante a desempeñar allí donde el Estado de derecho sea mínimamente funcional, no será el poder judicial quien frene la ola reaccionaria.