La búsqueda de Jon Anza, desaparecido hace seis años, terminó de forma brusca y descorazonadora en una morgue de Toulouse casi un año después. Apareció el cadáver del militante vasco, pero no la verdad de lo ocurrido. Al contrario, las dudas se intensificaron. Tras el archivo de la causa, la familia de Anza fue recibida en el Tribunal de Gran Instancia de París, abriendo así la última vía, la civil, para tratar de dilucidar las responsabilidades de las instancias que debían investigar el caso y que sin embargo dieron muestra de, como mínimo, desinterés. La pequeña esperanza que dio a la familia el hecho de ser al menos escuchada, fue truncada ayer por el tribunal que, si bien reconoce dos disfunciones «no graves» en el caso, rechaza las peticiones de la familia.

Una familia que ha buscado algo tan exigible como la verdad, por lo menos una muestra de voluntad por llegar a conocerla. Pero durante estos seis años ha recibido un golpe tras otro por parte de quienes tienen los medios y el deber de aclarar, en la medida de lo posible, lo sucedido. En lugar de ello, la familia y la sociedad vasca han percibido la decisión de cerrar cualquier resquicio por el que pueda entrar algo de luz sobre un caso que ofrece numerosos elementos de investigación, y la nula voluntad de emplearlos. Recientemente se ha sabido de la séptima condena de Estrasburgo al Estado español por no investigar denuncias de torturas. Pero esas siete denuncias y cientos de ellas más seguirán sin investigarse. Como seguirá la de la desaparición y muerte de Anza en el Estado francés, sin que los responsables de ello sean siquiera señalados.

Cuando la sospecha sobre la implicación o negligencia en graves sucesos se cierne sobre un estado o alguna de sus instancias, este debería ser el principal interesado en aclarar las dudas e interrogantes, en el caso de la desaparición de Jon Anza abundantes, para descartar su responsabilidad. Cuando ni siquiera lo intenta, además de dar por buena la injusticia, acrecienta esa sospecha.