Designar cualquier cosa con un número conlleva el riesgo de convertirla en aséptica. Ocurre con el 155, un artículo de la Constitución española que es mucho más que una cifra. Debajo subyace una invasión seudocolonial (gobierno desde Madrid), un pisoteo a la democracia (gobierna quien no ha ganado las elecciones) y un atropello a los derechos (se gobierna con autoritarismo, desde el nivel básico de amenazas a funcionarios al insólito encarcelamiento de un Govern). La acción del Estado en Catalunya es seguramente lo más grave que ha perpetrado en estas cuatro décadas junto a la guerra sucia aplicada contra la disidencia vasca.

En consecuencia, cualquier intento de legitimar esa fórmula es letal. Desde Madrid se está construyendo un discurso sobre el acatamiento del 155 en Catalunya que además de inmoral es muy falso: los funcionarios se han organizado y se movilizaron ayer mismo contra esta situación, los partidos catalanes han calificado al unísono de ilegítimas esas elecciones, y el rechazo del Govern y el Parlament son tan evidentes en sus hechos que proclamaron la independencia sin someterse a esa amenaza. Otra cosa es que la situación creada no haya dejado mejor opción que evitar el conflicto social que buscaba Madrid, acudir a las urnas a las que el independentismo nunca ha dado la espalda o evitar colisiones institucionales en las que unos encarcelan y otros son encarcelados. Pero ojo, nada de eso legitima el 155 en Catalunya. La ruptura de Barcelona en Comú con el PSC es un ejemplo muy palpable.

Se equivoca quien desde Euskal Herria banalice esta insoportable excepcionalidad. El presidente del Tribunal Superior de Catalunya lo ha dicho: «Espero que el 155 tenga un efecto inoculador frente a intentos unilaterales como el de Cataluña». Pensaba en Euskal Herria sobre todo, ¿en quién si no? Si, como dijo el domingo, el lehendakari de la CAV, Iñigo Urkullu, se siente preocupado por una realidad que «se sabe cómo empieza pero no cómo se termina», ¿cómo y cuándo va a poner pie en pared frente a ella?