GARA informa hoy de la recolocación del exconsejero de Educación del Gobierno de Nafarroa José Iribas como directivo de la Universidad Internacional de La Rioja. Cada persona es libre de trabajar donde quiera o pueda, pero en este caso se trata de alguien que ostentó el máximo cargo político en el departamento que llegó a acuerdos con la UNIR en 2013, lo que nos sitúa ante otro caso de puertas giratorias, agravado por el hecho de que Iribas sigue cobrando cesantías de las arcas navarras (5.000 euros al mes).

Anteriormente, tras abandonar su cargo institucional la expresidenta Yolanda Barcina no tardó ni tres meses en fichar como consejera independiente por una empresa filial del grupo Telefónica. Y Miguel Sanz presidió durante cuatro años Audenasa –50% en manos del ejecutivo de Nafarroa– tras dejar la presidencia. Universidades, compañías de telecomunicaciones, constructoras o concesionarias de autopista tienen en común que su a actividad depende de las administraciones públicas –bastante más que del libre mercado que con tanto ahínco defienden–. Y acogen gustosamente en su seno a ex altos cargos públicos que teóricamente les proporcionarán conocimientos y relaciones para aumentar beneficios en el futuro, pero en la práctica parece ser una recompensa por los servicios del pasado. La colocación del exdelegado español Mikel Cabieces en Kutxabank, y el modo en que la justificó su presidente Mario Fernández, lo dejó meridianamente claro.

En ocasiones, estos episodios de puertas giratorias con beneficio privado acaban dando explicación por tanto a extrañas operaciones pasadas con dinero público. Y ello debería ser un plus para extremar el control sobre operaciones tan inquietantes como la privatización de la construcción y gestión de la incineradora de Zubieta por parte de la Diputación de Gipuzkoa, que coloca una pesada hipoteca sobre todos los gobiernos que se sucedan en los próximos 30 a 35 años.