Represión generalizada contra las luchas laborales

La Confederación Sindical internacional (CSI) hizo público ayer un informe en el que destaca que la violación de los derechos de los trabajadores ha alcanzado una cota récord durante el último año. Los datos son terribles: en 50 de los 148 Estados del mundo analizados, los trabajadores fueron sometidos a violencia física; en trece de esos países, la violencia acabó con la vida de sindicalistas; en 69 se registraron arrestos arbitrarios de trabajadores. El estudio constata asimismo que la actual inestabilidad es explotada tanto por gobiernos como por empresarios para atacar los derechos de los trabajadores. El CSI señala directamente a Coca-Cola, H&M, Amazon, Nestlé y Hyundai, y denuncia que esas empresas han violado los derechos de los trabajadores o han estado vinculadas a esos abusos o no ha hecho nada para evitarlos.

En Euskal Herria no faltan ejemplos de la tendencia que describe el informe. Muchas movilizaciones laborales han sido duramente reprimidas, cometido en el que ha destacado especialmente la Ertzaintza. En la huelga de Alconza de Berango, por ejemplo, un sindicalista de LAB fue atendido en el hospital tras una carga; a otro sindicalista de CCOO le rompieron la nariz en las movilizaciones de PCB de Barakaldo y Sestao; en Bilbo, una convocatoria de Ernai contra la precariedad laboral terminó con dos participantes hospitalizados. Las cargas policiales han sido una constante en otros muchos conflictos laborales, entre los que destaca Tubacex. En este caso, además, las autoridades posteriormente enviaron una oleada de multas a los trabajadores y al comité de empresa por haber participado en las movilizaciones, justificadas por la aplicación de la conocida como ley mordaza.

La represión y la criminalización de las luchas de los trabajadores por sus derechos, además de amedrentar, busca deslegitimar la causa de la clase obrera ante la sociedad, ocultar sus verdaderas reivindicaciones y presentar a los trabajadores como alborotadores. De este modo, las autoridades pretenden restar fuerza a la parte más débil, el trabajo, frente a la más poderosa, el capital. Una estrategia tremendamente clasista que, además, es empobrecedora para el país.

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