Por segunda vez el Tribunal de Cuentas español ha dado la razón a Ainhoa Intxaurrandieta e Iñaki Errazkin en relación con la decisión de parar el proyecto de incineradora. Ha desestimado el recurso que presentó el Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK) a instancia de PNV y PSE, que controlan el organismo, contra la primera sentencia de ese mismo Tribunal, que también les exculpaba de haber generado un perjuicio a las arcas públicas cuando decidieron zanjar los contratos para la construcción de la incineradora. El fallo avala la legalidad de una decisión que, además, fue absolutamente legítima, ya que venía recogida en el programa electoral con el que Bildu ganó las elecciones de 2011. Conviene recordarlo ahora, en un tiempo de pactos postelectorales, cuando nada se habla de programas y todo parece reducirse al modo en que se reparten puestos, prebendas y presupuestos aquí y allá.

La respuesta que los gestores de GHK dieron ayer a la resolución judicial vuelve a insistir en seguir buscando el modo de imputar esos 45 millones a Intxaurrandieta y Errazkin. No se atisba ningún signo de rectificación o autocrítica. Una actitud que contrasta llamativamente con la falta de actuación en otros casos en los que sí se ha dilapidado dinero público, pero en los que estaban implicados militantes del PNV, como la quiebra de Hiriko, que se han saldado con exigencias judiciales mínimas. A pesar del quebranto que provocaron, no ha habido ninguna actuación de las instituciones vascas para tratar de recuperar los fondos públicos perdidos. Algo que sí ha hecho la Audiencia Nacional, que ha decidido reclamar a los promotores de Hiriko la subvención que recibieron del Estado.

Siguen alentando una persecución que no hace sino subrayar la nefasta gestión que hicieron de un proyecto ampliamente cuestionado. El fallo indica que es tiempo de rectificar, dejar los juzgados y encarar de una vez la cuestión de la gestión de los residuos desde la política.