Un nuevo macrojuicio político se anuncia para septiembre de este año. Esta vez serán juzgadas 47 personas para las que la Fiscalía solicita penas de prisión que van desde los 8 hasta los 20,5 años. Un castigo tremendo simplemente por haber realizado una labor relacionada con la defensa de los derechos de los presos políticos vascos. No hay más que ver quiénes son estas personas: abogados, médicos, activistas sociales, familiares de presos...

Se trata de la última macrocausa que se ha instruido al amparo de la doctrina de «todo es ETA». Durante los últimos veinte años, esa ha sido la excusa para atacar al independentismo vasco. Una tesis absurda desde el principio, pero se ha convertido en directamente delirante tras la desaparición de esa organización. No cabe olvidar que todas las detenciones de las personas procesadas en esta causa se produjeron después de que ETA anunciara el fin de su acción armada en 2011, lo que demuestra la voluntad de seguir recreando el pasado. Pero también conviene recordar que el Estado ha demostrado que, cuando hay no ya voluntad política sino puro sentido común, caben soluciones; la reforma del Código Penal que rebajó grados de condena para los «delitos menos graves» ha resuelto algunos de estos macroprocesos sin llenar más las cárceles.

Es evidente que este macrojuicio pretende, una vez más, castigar y criminalizar cualquier muestra de solidaridad con las y los prisioneros vascos. Pero a pesar del titánico esfuerzo que ha dedicado el Estado a esta tarea, los derechos de los presos se han convertido en una de las reivindicaciones más amplias y mayoritarias en la sociedad vasca. Las enormes movilizaciones que durante los últimos años han protagonizado estas demandas así lo atestiguan. También por este motivo, nadie en Euskal Herria entiende que se celebre este juicio anclado en caducos esquemas del pasado. Y todavía menos se entendería que este proceso terminase con nuevos encarcelamientos.