La reunión que este martes celebra el Consejo Vasco de Finanzas dejará a buen seguro titulares positivos, adelantados ya en las últimas semanas por los discursos patronales e institucionales. El aurge de la recaudación de las haciendas de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa (también Nafarroa) es innegable, por encima incluso de las previsiones. El crecimiento económico también es un hecho objetivo. Pero a menudo las peores mentiras son las medias verdades, y esos números tienen una cara B que se oculta y a los que apunta el trabajo de Isidro Esnaola en la página 22.

El dato más elocuente es el modo en que se ha redistribuido el peso de la carga fiscal en estos diez años nefastos. Si en 2007 los ingresos por IRPF suponían menos del 31% de la recaudación fiscal total en la CAV, en 2016 ese porcentaje había saltado ya al 37,37%. Siete puntos aún más clamorosos si se mira cuánto ha bajado porcentualmente lo que aplican las empresas vía Impuesto de Sociedad: del 14,77% al 7,74%, es decir la mitad que en aquel fin de ciclo de bonanza, lo que supone en dinero contante y sonante 1.000 millones menos al año para sus administraciones. La factura del impulso público a reactivación económica ha ido íntegramente a cuenta de los trabajadores... y de quienes ni siquiera pueden serlo. A costa de la gente. La situación para ella quizás sea en este 2018 mejor que ayer, cuando la crisis era un agujero negro que engullía todo, pero no que anteayer.

Todas las generaciones están tocadas

Una de las constataciones más manidas estos años es la de que la joven generación actual es la primera en la Historia que vivirá peor que sus padres y madres. Los índices de paro juvenil y el avance sin freno de la precarización para quienes sí tienen ocupación hace que, según el estudio de Ikuspegi, 4.000 jóvenes vascos de entre 18 y 35 años se marchen cada año (solo en la CAV) en busca de oportunidades. El programa «pionero» presentado por Lakua para subvencionar el retorno y contratación es efectivamente novedoso, pero no puede tomarse más que como un parche visto que el número de beneficiados se calcula a 200, el 5% de quienes se van.

Mirando aún más abajo en la escala de edad, el informe de Save the Children que hace un año alertó de que el 9% de los menores de la CAV estaban en situación de pobreza (mayoritariamente familias inmigrantes y monoparentales) apenas tuvo eco. Pero las muertes de un hombre en Bilbo y dos en Otxarkoaga perpetradas por menores en sendos intentos de robo sí han producido una alarma social que aboca irremediablemente a pensar qué esta pasando. La proliferación de episodios violentos cometidos por niños que no llegan ni a 14 años, aquí y en el contexto cercano, revela fallas sistémicas múltiples: exclusión social, desigualdad de género, déficits en el modelo de tutela, deficiencias educativas...

Algunos de estos problemas se entremezclan con los de la generación de media edad. Porque resulta muy dudoso igualmente que los madres y padres actuales vivan mejor que los anteriores. Es seguro, por ejemplo, que como admitía esta semana la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, no pueden tener los hijos que quieren ni tampoco cuando lo desearían, en gran parte por la imposibilidad de conciliar la vida familiar con una vida laboral cada vez más exigente.

¿Y viven los jubilados vascos mejor que los pensionistas de hace pocos años? Basta reparar en la protesta desatada esta semana en Bilbo o Iruñea por el anuncio estatal de subida de un 0,25% (por quinto año seguido ya) para concluir que no. Todas estas crisis se interrelacionan en realidad, como muestra la alarma de la propia Artolazabal sobre la tasa de fecundidad en la CAV (1,39 hijos por mujer, muy lejos de los 2,1 necesarios que exige el reemplazo generacional). La «caja de las pensiones» emerge como primera señal de probable explosión en un sistema exhausto, en que cada vez más voces nada sospechosas alertan de que subir salarios es urgente.

Solo lo público salvará a todos

Volviendo al punto inicial, otro dato da una clave de salida: la recaudación suponía en 2016 el 20,29% del PIB de la CAV y ahora ya quizás ni llegue al 18%. Lo público pierde peso en beneficio de lo privado, y eso lastra la opción de políticas que corrijan la desigualdad social creciente. Porque solo lo público es garantía de salvar a todos y todas, subidos en un mismo barco que va pasando una tormenta pero continúa zozobrando a la deriva, y que no puede seguir tirando pasajeros por la borda.