Ayer se consumó la infausta imagen en el Congreso de los Diputados, donde PNV, UPN, Ciudadanos y Coalición Canaria salvaron la legislatura del PP rechazando las enmiendas a los presupuestos de Mariano Rajoy. La imagen del hemiciclo sepulta la fotografía en diferido de Montoro y Azpiazu pactando el cupo y sitúa el escenario en toda su dimensión: el partido de Urkullu alineado con lo más retrógrado de toda España como colaborador imprescindible en la prolongación del régimen del 78.

Precisamente en el momento en que Catalunya se dispone a tratar de romper esa cadena, el PNV opta por echarle un candado más. Con Rajoy sin más argumentos en Barcelona que los proporcionados por la Fiscalía amiga, Urkullu se ofrece a ejercer de ariete contra el proceso y mostrar que, supuestamente, hay otra manera de hacer las cosas. Argumento tramposo –Madrid ha denegado una y otra vez el pacto fiscal a Catalunya– al que Urkullu, en el triste papel de buen salvaje, se ofrece voluntariosamente.

En vez de empujar en la misma dirección que una nación que, salvadas todas las diferencias, se encuentra atrapada en el mismo marco estatal –del que se supone que un partido soberanista debería querer escapar–, Urkullu elige aprovechar egoístamente la debilidad coyuntural del Estado y de este modo darle aliento en la única batalla que, hoy por hoy, supone una verdadera amenaza a sus fundamentos. En vez de poner las largas y apostar por las ventanas de oportunidad que se van a abrir en un incierto contexto en el que los límites de lo posible se van a ensanchar –para lo bueno y para lo malo–, Urkullu opta por el regate corto. O lo que es lo mismo, por una dependencia consistente en aprovechar los momentos débiles del contrario para lograr que cumpla sus propias normas, las mismas que ignora olímpicamente cuando es fuerte. Elige, en definitiva, jugar a un juego en el que el empate es el mejor marcador posible y la derrota el resultado más común.