El PP valenciano exige a la Real Academia Española (RAE) que reconozca el valenciano como lengua no catalana, cuyo origen sitúa en el ibérico y no en el latín. El PP aragonés cambia, mediante una ley, el nombre del aragonés –ahora LAPAPYP– y del catalán –ahora LAPAO–. Las ikastolas del sur de Nafarroa emiten un SOS, ahogadas económicamente. Mientras se ataca el modelo de inmersión lingüística catalán, el ministro de educación, José Ignacio Wert, evita responder sobre las 120.000 familias que no pueden escolarizar a sus hijos en catalán en el País Valencià. Al otro lado de los Pirineos, al ministro de Interior francés, el catalán Manuel Valls, le parece «inconcebible» la cooficialidad del corso, exigida pocas semanas antes por la Asamblea de Córcega.

Esta pequeña colección de agravios a lenguas minoritarias se ha producido en menos de dos meses, en los mismos días en que el Parlamento Europeo instaba a los países miembros a proteger la diversidad lingüística del viejo continente. Son apenas unos botones de muestra de la política lingüística en vigor en los estados español y francés.

Una política lingüística que ahoga al euskara –sobre todo en Nafarroa e Ipar Euskal Herria–, pero también al resto de lenguas minoritarias que se hablan en estos dos estados. Según el ‘Atlas de las lenguas del mundo en peligro’, elaborado por la UNESCO, en el Estado español se cuentan tres lenguas en peligro –aragonés, astur-leonés y aranés–, una en estado vulnerable –euskara– y una extinta –el guanche canario–.

Las cifras asustan todavía más en el caso del Estado francés. Según el mismo atlas, en el Hexágono existen 26 lenguas en peligro, la mitad de las cuales están catalogadas como «seriamente en peligro» por la UNESCO. Entre ellas se encuentran, por ejemplo, el provenzal, el bretón o el normando.

La Carta Europea de las Lenguas, papel mojado

Este contexto lingüístico no es casual, sino que es fruto, en gran parte, de las políticas lingüísticas desarrolladas por ambos países. Pese a la dificultad de evaluar la calidad de la política lingüística de un país, la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias o Regionales ofrece un buen instrumento. Este documento del Consejo de Europa –no confundir con la Unión Europea– fue aprobado en noviembre de 1992 por todos los estados miembros, con el objetivo de defender y promover las lenguas minoritarias de Europa.

Su posterior desarrollo, sin embargo, ha dejado en evidencia a algunos de los países firmantes, entre ellos, y en posición destacada, los estados francés y español. Así lo explica el secretario general de Kontseilua, Paul Bilbao, que remarca, antes de nada, que París no ha ratificado la Carta, por lo que esta no está en vigor en el Estado francés. Respecto a Madrid, Bilbao explica que «la ha ratificado, pero no se cumple» y como ejemplo pone el mundo judicial y el sanitario, en los que el Consejo Europeo ha recomendado cambiar la ley para garantizar los derechos de los euskaldunes. «Al Estado español se le han hecho tres evaluaciones y ha quedado de manifiesto que no cumple la carta, es decir, que no se toma en serio los compromisos exigidos por dicho pacto», concluye.