Hasta el pasado 8 de mayo, 11.000 aragoneses hablaban el aragonés, mientras que los ciudadanos de la Franja de Ponent –en el límite de la Comunidad Autónoma de Catalunya– utilizaban el catalán. Sin embargo, desde el 9 de mayo, y según lo acordado en las Cortes de Aragón, los primeros hablan en la Lengua Aragonesa Propia del Área Pirenaica y Prepirenaica (LAPAPYP) y los segundos se expresan en la Lengua Aragonesa Propia del Área Oriental (LAPAO).

Así se lee en la nueva Ley de Lenguas aprobada por el PP y el Partido Aragonés (PAR) y que deroga la anterior norma aprobada por el PSOE y la Chunta Aragonesista (CHA) que, si bien no daba cauce a todas las reclamaciones de los defensores de ambas lenguas, reconocía al menos la realidad trilingüe de Aragón, sin cambiar los nombres a los idiomas propios del territorio.

Sin negar la carga simbólica que contiene el cambio de denominación, cabe destacar que la nueva ley tiene otros elementos que la hacen más preocupante para el futuro del aragonés y el catalán en Aragón y de los que apenas se está hablando debido al revuelo causado precisamente por el cambio de nombre.

Con los mismos argumentos que el PP emplea en Catalunya para atacar la inmersión lingüística, el PP aragonés ha esgrimido la no imposición y la voluntariedad como eje de la nueva norma, algo que tendrá su reflejo sobre todo en ámbitos como la educación o la Administración, donde ni el aragonés ni el catalán serán ningún tipo de requisito, sino simplemente una opción voluntaria. También se cierra la puerta a nuevas subvenciones, a la toponimia original de cada zona o a las Academias de Lengua Aragonesa, por un lado, y Catalana, por otro. Ambas quedan ahora diluidas en la Academia Aragonesa de la Lengua.

Contra la Carta Europea de las Lenguas

La portavoz de Educación y Cultura del PP en las Cortes aragonesas, María José Ferrando, explicó el jueves que «esta ley pretende frenar la imposición de lenguas ajenas y liberar a los aragoneses de la imposición de hablar lo que no hablan y de sentir lo que no sienten». Tanto el argumento como la propia ley contradicen más de un artículo de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, un documento jurídico incluido en la jurisdicción española desde el año 2001.

Entre otros, viola el artículo 7 –según el cual se debe garantizar la educación en la lengua regional–, el artículo 8 –relativo a la atención en la Administración local– y el artículo 10 –sobre la toponimia de cada territorio–. Pese a ello, y pese a que el aragonés está en la lista de la UNESCO de lenguas en peligro de extinción, la diputada de la PAR María Herrero no tuvo reparos en asegurar que la nueva ley «no va en contra de nadie, sino que protege y garantiza la supervivencia de ambas lenguas».