El Govern ha reabierto hoy el registro en el que se deben apuntar los extranjeros sin nacionalidad española, los catalanes en el extranjero, los presos y las personas dependientes para poder participar en la consulta del 9 de noviembre. Un trámite que la administración catalana había cancelado tras la suspensión de la consulta por parte del Tribunal Constitucional y que ahora retoma como parte de los acuerdos alcanzado por los partidos soberanistas el pasado viernes.

El Govern utiliza para ello una argucia legal, ya que oficialmente no reabre el registro, sino que se ampara en la ley de procedimiento administrativo, según el cual la administración siembre debe recibir cualquier requerimiento o petición que le haga un ciudadanos. Estas peticiones que ahora se registran, por lo tanto, serán la base del registro de participación de la consulta para las personas ya mencionadas.

Según el Decreto firmado por el president, Artur Mas, y suspendido por el TC, el plazo para inscribirse en dicho registro acababa el 7 de octubre, es decir mañana, pero fuentes gubernamentales citadas por medios catalanas aseguran que los plazos ya no son válidos y que se alargarán varios días.

De esta forma, el Ejecutivo catalán sigue, tal y como prometieron los partidos el viernes, con los preparativos de la consulta. Así lo ha explicado esta mañana el portavoz del Govern, Francesc Homs, que ha mostrado una «convicción absoluta de votar». Como novedad, Homs ha añadido que tomando «los plazos establecidos en el Decreto de convocatoria», el límite para decidir si ponemos las urnas o no será «entre el 13 y el 15 de octubre». «Si es que se debe decidir, porque eso es presuponer», ha concluido.

Unas declaraciones que no tienen en cuenta la alteración de los plazos anunciada por la tarde y que ha molestado a ERC, cuya portavoz, Anna Simó, se ha mostrada «descolocada» por la «posible fecha de defunción de la consulta, ya que el viernes se acordaron todas las garantías democráticas».