A los 23 encausados se les acusa de un delito de «usurpación» y la Fiscalía pide para cada uno una multa de 8 euros diarios durante 4 meses, es decir, 960 euros.

Además, reclama una tres años y un día de prisión para uno de los imputados, al que la Ertzaintza acusa de lanzar objetos desde la azotea en el momento del desalojo.

La empresa Cabisa, propietaria del inmueble y que se había personado como acusación particular, se retiró del caso en junio de 2013.

Para denunciar este juicio, Kukutzarekin Elkartasun Taldea ha organizado varias movilizaciones. Esta mañana, desde las 8.30, se celebra la primera concentración y la misma cita tendrá lugar mañana. Además, el viernes se celebrará una manifestación que partirá a las 20.00 desde Sabin Etxea.

En los prolegómenos de este juicio masivo, Kukutzarekin Elkartasun Taldea ha criticado la «sinrazón» del proceso y ha recordado que, una vez derruido el edificio, Cabisa tenía un año de plazo para dar inicio a los trabajos de construcción de viviendas. «Han pasado tres años y medio desde que derribaron el gaztetxe. ¿Dónde están las viviendas? ¿No había tanta prisa? No tienen vergüenza», ha censurado.

Aparte de las 23 personas que juzgarán esta semana, otras 20 están a la espera de juicio. Según Kukutzarekin Elkartasun Taldea, estas personas tienen peticiones de entre 18 y 30 meses de cárcel «simplemente por mostrar su solidaridad con Kukutza el día del derribo y como consecuencia de la caza de brujas que llevó a cabo la Ertzaintza». La citada plataforma añade que las «únicas pruebas» contra los imputados son las declaraciones policiales.

Durante el desalojo, que tuvo lugar el 21 de setiembre de 2011, y en los días posteriores, se registraron incidentes, en los que un total de 64 personas fueron detenidas y decenas más fueron identificadas. El derribo se produjo el día 24.

Hasta el momento, más de una quincena de personas han sido juzgadas por participar en las movilizaciones. La mayoría de encausados en esos procesos ha sido absuelta, lo que ha venido a desinflar la criminalizadora versión oficial, sostenida principalmente en aquel entonces por el consejero Rodolfo Ares y el alcalde Iñaki Azkuna.

También varios ertzainas han sido procesados por su actuación durante aquellos días, un proceder que fue criticado por parte del Ararteko.

La mayoría de denuncias contra la Policía autonómica fueron archivadas ante la imposibilidad de identificar a los agentes implicados.

En noviembre de 2013, la Audiencia de Bizkaia ratificó la condena a un agente de la Brigada Móvil que agredió a una joven en la rotonda de Ametzola horas después del desalojo violento de Kukutza. El tribunal consideró que el policía propinó una patada de forma «innecesaria», por lo que se le impuso una multa de 540 euros.