La Fiscalía de Araba ha hecho públicos los nombres de los promotores del coche eléctrico Hiriko contra los que ha presentado una querella criminal, así como una parte del contenido de la querella que «no perjudica la investigación judicial» en marcha, con el fin de «cortar de raíz las especulaciones que se están produciendo en torno al contenido» de la demanda.

Según especifica en su escrito, los querellados son Jesús María Pancracio Echave, Fernando Achaerandio, Francisco Javier Calera, Iñigo Antía, José Luis Bengoechea y José Barreira, así como la asociación Afypaida, la Asociación para el Fomento y Promoción de Actividades Industriales y Deportivas de Automoción, que fue la empresa matriz del fallido proyecto. Les imputalos delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental, fraude a la Administración, fraude de subvenciones públicas, apropiación indebida y blanqueo de capitales.

El proyecto Hiriko recibió casi 16 millones de ayudas de los fondos públicos, la mayoría proveniente del Ministerio de Ciencia e Innovación, que fueron «desviados» a favor de sus intereses.

La Fiscalía señala que los querellados, «sin experiencia, conocimiento ni infraestructura alguna para el diseño y fabricación de automóviles, idearon un plan consistente en que, con el pretexto de poner en marcha un proyecto para la construcción de un vehículo eléctrico, que iba a ser sufragado en su práctica totalidad con cargo a fondos públicos, conseguir distraer parte de dichos fondos en su propio beneficio o de aquellas personas físicas o jurídicas que ellos decidiesen». A dicho proyecto «le denominaron Hiriko».

Entramado societario

De esta manera, sostiene que «idearon, en primer lugar, la creación de un entramado societario que lo facilitase y que fueron posteriormente modificando conforme a las necesidades que surgían en su desarrollo».

El fiscal-jefe de Araba, Josu Izagirre explica que la configuración y vicisitudes de dicho entramado societario respondían también a «otro propósito», de forma que, «en caso de que el proyecto resultase exitoso, todos los beneficios revertirían en los querellados o las personas físicas o jurídicas que ellos decidieran».

«En caso de que el proyecto resultase un fracaso, las administraciones públicas, que financiaban prácticamente en exclusiva el proyecto, no podrían recuperar los fondos invertidos», añade.

Previamente a todo eso, los querellados, según el escrito, constituyeron «varias sociedades mercantiles que, con posterioridad, tuvieron relación con los hechos objeto de la presente querella».

En concreto, Echave, Barreira, Bengoechea y Achaerandio constituyeron el 10 de marzo de 2006 la entidad mercantil Circuito del Norte, SL, con un capital social de 12.000 euros y que, en el año 2013, fue ampliado hasta los 16.000 euros.

Además, crearon el 5 de mayo de 2008 la entidad mercantil Launorte Sociedad de Proyectos SL, con un capital social de 12.000 euros, que se cubrieron con aportaciones no dinerarias de los socios consistentes en las participación de los mismos en Circuito del Norte. Todos ellos se constituyeron en administradores.

El entramado societario del proyecto Hiriko estaba integrado por las siguientes entidades jurídicas: Afypaida; Hiriko DM, SA; Hiriko DM Cars, SL; Hiriko DM Infraestructures, SL,; e Hiriko DM Services SL.

Afypaida recibe y distribuye los fondos públicos

Afypaida es una asociación inscrita en el Registro de Asociaciones del Gobierno de Lakua con un capital social de 273.800 euros desembolsados por Echave, Bengoechea, Achaerandio y Barreira. Todos ellos eran administradores más Iñigo Antia, que actuaba como secretario, mientras de Barreira figuraba como tesorero. Esta asociación se crea «como vehículo que recibe los fondos públicos y los distribuye» entre entidades mercantiles.

La querella indica que, los querellados lograron traspasar en favor de una sociedad de su titularidad todo el negocio derivado del proyecto Hiriko, «con lo que culminarían su plan de que, en caso de que el proyecto resultase exitoso, se harían con todos los beneficios a través de dicha sociedad, mientras que Afypaida, a pesar de haber recibido la casi totalidad de los fondos públicos destinados al proyecto, quedaría desvinculada del proyecto».

El Ministerio Público subraya que, en una primera fase, la financiación se realizó por los propios querellados, pero, a partir del 15 de septiembre de 2010, en el que se produjo en las cuentas de la asociación el primer ingreso de caudales públicos, la financiación del proyecto «se hizo exclusivamente con cargo a fondos públicos».

El escrito destaca que los querellados, en ejecución del «plan preestablecido», llevaron a cabo una serie de operaciones «con quebranto de los fondos públicos recibidos», con su desviación a favor sus propios intereses.

En este sentido, subraya que se alquiló el edificio Alas de Gasteiz, como sede de Hiriko, que era propiedad de Jesús Echave. Además, este decidió contratar obras para la reforma del local que eran innecesarias. También se pagó más de 600.000 euros por la adquisición a Epsilon Euskadi de un prototipo, «un vehículo que no tenía aplicación» en el proyecto.