El tribunal verá los once primeros casos y la formación abertzale ya auguró el pasado lunes que la decisión será «otra bofetada más» a los derechos humanos.

Los portavoces de Sortu Amaia Izko y Pernando Barrena han denunciado que «para el PP sigue siendo prioritario mantener la actual política penitenciaria basada en medidas excepcionales. De hecho, impulsa esta política para seguir negando una salida definitiva del conflicto y de todas sus consecuencias».

Han recordado que «ETA dio por finalizada su actividad armada hace cuatro años y en todo este tiempo la situación de las cárceles no ha hecho más que empeorar».

«La represión es el eje de la política de Madrid y París. Quieren encadenar nuestro pueblo
a una situación de conflicto permanente, para robarle así su futuro. Solo así se entienden
las detenciones de Baigorri. Ni estas detenciones ni las anteriores van a poder ocultar que
aquí existe un problema político que es que a la ciudadanía vasca no se le permite decidir
libremente su futuro», han subrayado Izko y Barrena.

Los portavoces de Sortu han indicado que «ETA ha actuado en clave positiva desde el fin de la actividad armada y ha dado pasos innegables hacia la resolución del conflicto político vasco; el Gobierno español en cambio ha actuado desde el primer día irresponsablemente intentando tirar por tierra cualquier posibilidad para la paz».

«En esta situación, el Gobierno vasco va a la zaga del PP, utilizando su mismo discurso y
mostrando un cinismo ilimitado, ya que desde Aiete el PNV se ha esforzado en poner
obstáculos en el camino, en lugar de ayudar a avanzar», han apostillado.

En este contexto, Sortu teme que la decisión de la Audiencia Nacional va a ser «seguir como hasta ahora, dando la espalda a la petición realizada por los presos vascos, diciendo no a que puedan cumplir sus condenas en cárceles de Euskal Herria y aumentando así el daño que semana tras semana se provoca a los familiares y amigos».

Frente a ello, la formación independentista llama «redoblar esfuerzos para acabar con esta política criminal y con la política represiva del PP, a través de las movilizaciones sociales y la presión política e institucional».