Con la llegada de Felipe González a La Moncloa, desde España pensaron que la situación cambiaría de manera radical, ya que ambos mandatarios eran socios en la Internacional Socialista y esa sintonía ideológica la presumían también policial. Pero la paranoia de Madrid era demasiado aguda y quería resultados inmediatos; no les era suficiente con los problemas que desde París ya habían comenzado a poner a los refugiados vascos. Querían más, y lo querían rápido.

Poquito antes de comenzar 1984, Felipe González mostró su enfado en sede parlamentaria: «No podemos comprender que se continúe otorgando el estatuto de refugiado político a españoles en Francia. La colaboración francesa en materia de lucha antiterrorista quizás ha aumentado, pero sigue siendo insuficiente».

Cuando pronunciaba esas palabras ya se había producido en Ipar Euskal Herria el intento de secuestro de Larretxea Goñi y Lasa y Zabala seguían desaparecidos; después se produjo el secuestro y liberación de Segundo Marey; a continuación, la muerte de Ramón Oñederra, 'Kattu', y seguido, la de Mikel Goikoetxea, 'Txapela'. Un documento de la CIA fechado en 1984 y desclasificado en 2020 atribuye precisamente a Felipe González «la creación de un grupo de mercenarios para combatir fuera de la ley a terroristas».

El inicio de la actividad de los GAL se interpretó inmediatamente como una forma de presionar a París para forzar su colaboración, generando un «clima de violencia e inseguridad progresiva», según palabras de las autoridades francesas. Y la estrategia funcionó, pues poco antes del fin de año, el 20 de diciembre de 1983, tuvo lugar en París una reunión entre Felipe González y Françoise Mitterrand en la que el francés se comprometió a colaborar con España. Los GAL hicieron posible la French Connection: atentados y cobertura, detenciones, deportaciones, confinamientos, extradiciones.

Tras la reunión entre González y Mitterrand, nada más empezar 1984 José Barrionuevo facilitó a los franceses un listado de represaliados vascos residentes en Iparralde para que se actuara contra ellos. La Policía francesa hizo un despliegue sin precedentes para registrar casi un centenar de domicilios en busca de los refugiados reclamados por España. Hubo cerca de cuarenta detenidos y alrededor de una veintena consiguió eludir la redada.

De los arrestados, seis fueron deportados a la isla caribeña de Guadalupe, de donde luego les trasladaron a Panamá y más tarde a Cuba. Otros fueron confinados en diferentes lugares de la geografía francesa continental. Al día siguiente de la redada detuvieron en Baiona a cinco miembros de Iparretarrak cuando mantenían una reunión con un grupo de periodistas.

A lo largo de todo el año 1984 continuarían las detenciones y las deportaciones de refugiados, principalmente hacia Caracas, en virtud de un acuerdo entre España, Francia y Venezuela que, al parecer, alcanzaron en el marco de la Internacional Socialista.

En cualquier caso, la colaboración franco-española se oficializó el 14 de junio en Madrid, cuando José Barrionuevo y su homólogo Gaston Deferre sellaron definitivamente un acuerdo que permitió, poco después, que se materializaran las primeras extradiciones a España de represaliados vascos.

Y eso sucedió el 23 de septiembre, día en que el Ejecutivo de París concedió las primeras tres extradiciones de vascos. Lo hizo incluso en contra del criterio de la magistratura francesa, que consideraba que la legislación antiterrorista española no garantizaba el respeto de los derechos y las personas.

Pocos días después de la redada de enero, varias decenas de refugiados se encerraron en la catedral de Baiona, iniciando una huelga de hambre que se prolongaría durante cuarenta días. Finalizó el 28 de febrero, tras una reunión en París de la abogada de los refugiados con el ministro de Justicia.

La nueva actitud francesa frente al conflicto vasco también aportó un marco de impunidad para las acciones de los GAL, que mataron a ocho personas aquel año en Iparralde y dejaron varios heridos.

Las protestas en Hego Euskal Herria por las represalias contra los refugiados fueron fuertes y constantes, respondidas con contundencia por parte de Policía y Guardia Civil. Así, por unas u otras motivaciones, bien fuera para actuar contra protestas populares, en el marco de la lucha contra ETA, para quitar ikurriñas, imponer banderas españolas, por conflictos laborales o incluso por motivos inciertos, la cuestión es que el despliegue de efectivos policiales fue una constante durante todo el año.

Las localidades de Tolosa, Hernani, Eibar y Errenteria incluso fueron ocupadas por fuerzas uniformadas que, en el caso de Hernani, patrullaron las calles esgrimiendo bates de beisbol y sacando a la gente de los bares. Precisamente en Hernani, el 15 de junio la Guardia Civil cercó una vivienda en la que se escondían tres miembros de ETA y para hacerles salir dio fuego al piso. Dos de los militantes murieron abrasados y ametrallados.

Pocas semanas antes, la Policía española, con apoyo operativo de la Guardia Civil, llevó a cabo una emboscada contra un grupo de los Comandos Autónomos que se acercaba a Pasaia en una embarcación tipo zodiac. Mataron a cuatro militantes, dos de ellos disparados cuando estaban ya en tierra y detenidos. Solo quedó vivo uno, además de la joven que habían secuestrado los policías para obligarla a que hiciera la señal convenida de que podían desembarcar sin peligro.

A la cárcel de Herrera de La Mancha siguieron trasladando a los prisioneros vascos que aún quedaban en otras prisiones y la situación en el interior era cada vez más extrema; aislados, en unas condiciones de vida penosas y con una comida escasa y mala. En agosto dieron otra vuelta de tuerca al régimen cuando la Guardia Civil pasó al interior, lo que tensionó aún más el ambiente. Para entonces, los prisioneros vascos llevaban ya 200 días de un aislamiento que concluyó el 13 de diciembre, un par de semanas antes de que cuatro mil personas alcanzaran los alrededores de la prisión en la primera Marcha a Herrera.

Aquel año, el Gobierno del PSOE, con la aquiescencia de la UGT, también se embarcó en un plan de reconversión naval que encendió a los trabajadores del sector, iniciándose un conflicto laboral que se prolongó durante todo el año 1984. La zona próxima a los astilleros bilbaínos de Euskalduna, que estaban condenados al cierre, fueron el centro de lo que se dio en llamar «La batalla del puente de Deustu», con permanentes enfrentamientos directos contra los efectivos policiales, sabotajes, barricadas de fuego.

La Policía española consiguió entrar en los astilleros el día 20 de noviembre, encontrándose con una fuerte resistencia por parte de los trabajadores. Dos días más tarde, grupos de estudiantes se unieron a la lucha. El día 23 los policías se lanzaron al asalto final de los astilleros Euskalduna. Acometieron con inusitada violencia, disparando fuego real, incluso ráfagas de ametralladora, y arrasando con todo en su avance.

El ministro del Plan ZEN, José Barrionuevo, se presentó al día siguiente en las instalaciones ya ocupadas y arrasadas por la Policía para subrayar que todo había sido correcto, que no existían «elementos para hablar de actuación incorrecta de la Policía». Cuando ofrecía esas declaraciones había un trabajador fallecido por infarto, al impedir los policías la intervención de los sanitarios, y eran numerosos los heridos y hospitalizados; uno por impacto de bala, otros muchos por los golpes recibidos durante el asalto, e incluso uno con quemaduras graves en más del 20% de su cuerpo.

Hasta final de año siguieron las protestas, a las que se sumaron las mujeres de los trabajadores; hubo huelgas generales, encierros, huelgas de hambre... El 28 de diciembre concluyó una fase de tres meses de incidentes y enfrentamientos. Aún así, el conflicto por la reconversión naval no se apagó y continuó durante el año siguiente.

Justo tres días antes de que Barrionuevo llegara a los astilleros de Euskalduna, no muy lejos de allí dos sicarios de los GAL mataron a tiros a Santiago Brouard en su consulta de pediatría. Brouard, destacada personalidad referencial de la izquierda abertzale, era presidente del partido HASI, dirigente de Herri Batasuna, teniente alcalde del Ayuntamiento de Bilbo y parlamentario en Gasteiz. Tras su muerte se convocó una huelga general que tuvo un amplio seguimiento, y el funeral, frente al Ayuntamiento de Bilbo, fue una impresionante concentración que reunió a decenas de miles de personas.

Si lo de España y Francia en 1984 fue connection, lo del PNV fue disconnection. La aplicación de la LTH o Ley de Territorios Históricos, unida a la mala relación personal entre Arzalluz y Garaikoetxea, abrió un rasgón en el seno de los jeltzales que más tarde acabaría en rotura. El aparato del partido quería dar más peso a las diputaciones forales frente al Gobierno de Lakua, mientras que los de Garaikoetxea apostaban por todo lo contrario.

La crisis ya se había iniciado en primavera en Nafarroa, cuando la ejecutiva navarra y sus tres parlamentarios se negaron al acuerdo del PNV con la derecha de Coalición Popular y UPN para evitar la presidencia de Gabriel Urralburu. En mayo, el EBB disolvió la dirección de Nafarroa expulsando del partido a cerca de mil militantes navarros. A finales de año, la Asamblea Nacional jelkide forzó la dimisión de Carlos Garaikoetxea como lehendakari y pusieron en su lugar a José Antonio Ardanza. Garaikoetxea había vuelto a ganar para el PNV las elecciones al Parlamento de Gasteiz en febrero, y diez meses más tarde era defenestrado por su propio partido.

De la French Connection franco española a la Navarre disconnection jelkide.