Las que llegaron a la redacción el 7 de enero de 2008 no fueron, obviamente, tan contundentes como las fotografías realizadas al cadáver de Joxe Arregi, o aquellas en las que se apreciaban las marcas de quemaduras dejadas por los electrodos en el costado derecho del cuerpo de Iratxe Sorzabal, o esas tan virales –hasta el punto de que incluso han sido usadas para acusar al Gobierno de Venezuela de maltratar a sus opositores detenidos– del rostro desfigurado y amoratado de Unai Romano. Se trataba de un parte médico elaborado por los facultativos que atendieron al lesakarra Igor Portu en el Hospital Donostia después de que fuera detenido, junto a su paisano Mattin Sarasola, la víspera por la Guardia Civil en el barrio Udala de Arrasate.

16 horas después de producirse los arrestos, Portu fue llevado al complejo hospitalario de la capital guipuzcoana y acabó ingresando en la UCI por la gravedad de sus lesiones. Presentaba un pulmón perforado, una costilla rota, hemorragia en un ojo y hematomas en todo el cuerpo.

Concretamente, el informe constataba una «espinopercusión cervical dolorosa con imposibilidad de extensión», «importante enfisema subcutáneo que se extiende desde el nivel cervical hasta el nivel pélvico», «hematoma en el ojo izquierdo con hemorragia subjuntiva», «fractura costal posterior de la 9ª costilla izquierda», «importante neumomediastino y neumotórax izquierdo», «contusión pulmonar»,  y «rodillas y tobillos con múltiples hematomas, erosiones y abrasiones».

El parte médico, que hizo público Info7 Irratia en el informativo de las 11.00 de aquel lunes y que GARA se apresuró a difundir íntegramente en su edición digital, no podía ser más completo, ya que también recogía el relato de Portu de que había sido golpeado mediante puñetazos y patadas en cara, tórax, abdomen y extremidades.

Ante la rotundidad del informe, las autoridades españolas se apresuraron a ofrecer una versión que 'explicara' las lesiones. Primero filtraron que la fractura de costilla se produjo a consecuencia de la resistencia que opuso el lesakarra al ser introducido en un vehículo policial. Después, sobre las 8 de la tarde, el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ofreció una rueda de prensa en la que apuntó que las heridas se le produjeron cuando cuatro guardias civiles tuvieron que abalanzarse sobre los dos jóvenes cuando «emprendieron la huida» en el momento en que procedían a registrar sus mochilas. Y poco más explicó. La versión policial, y oficial, no hacía más que acrecentar las sospechas.

Y fue resquebrajándose y haciendo agua a medida que pasaron los días. Primero, el día 10, un testigo presencial declaró en el Juzgado de Bergara que no hubo detención violenta. Y a última hora del día siguiente se conoció que la declaración de Mattin Sarasola, en condición de incomunicación, ante el entonces juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska coincidía plenamente con lo relatado, también incomunicado, por Igor Portu al Juzgado de Instrucción de Donostia, que ya investigaba las lesiones que obligaron su ingreso en la UCI: que no opusieron resistencia y sí, por contra, fueron objeto de malos tratos desde el primer momento en que fueron atrapados tras ser conducidos por una pista forestal a un lugar cercano a un río. Todo ello, antes de ser conducidos al cuartel de Intxaurrondo y de allí a Lesaka para el registro de sus domicilios. Esa coincidencia de relato detallado fue incluso resaltado por el hoy ministro de Interior en el auto de prisión de Sarasola.

GARA, en el lugar de los hechos

Tras tener conocimiento de todas esas circunstancias, GARA tomó la decisión de ir al lugar en el que ocurrieron los hechos: al barrio arrasatearra de Udala, al mismo punto descrito por los detenidos en sus declaraciones.

Y allí pudo constatar un par de cosas, tal como publicó en la edición del día 12: la existencia de un control de la Guardia Civil aquel día 7, a partir de las 10.00, en la muga de Gipuzkoa con Araba en dirección a Aramaio, en una curva –información recogida en el lugar por boca de varios testigos–; y que inmediatamente después del cruce hacia Untzilla y Suiña descendía una pista hacia el río Aramaio, con marcas visibles aún de neumáticos de importantes dimensiones. Aquel paraje concordaba perfectamente con el que habían descrito Portu y Sarasola en sus declaraciones judiciales.

Precisamente, ese mismo sábado 12 pudo ofrecer también a sus lectoras la transcripción textual de la declaración de Portu. Además de los golpes referidos en el parte médico, relataba que, con las manos esposadas a la espalda, tres guardias civiles le sumergieron varias veces la cabeza en el río. También refirió malos tratos y amenazas en su breve paso por las dependencias de Intxaurrondo… hasta que de madrugada acabó hospitalizado.

Sarasola: «Salvajes torturas»

Si para Portu el tormento finalizó ahí, para Sarasola no había hecho más que empezar. Ya lo adelantó en su comparecencia ante Grande-Marlaska, y lo detalló en un extenso testimonio que este medio ofreció en su integridad el 18 de diciembre. La fotografía de portada era para él, con el torso desnudo dejando ver diversos hematomas y el rostro golpeado, acompañado de este titular: «Me bajaron por una pista y simularon mi ejecución; me dijeron que me harían lo de Zabaltza».

Gracias a las pruebas existentes –parte médico o sendas fotografías de ambos con lesiones–, la concordancia de sus relatos aun estando incomunicados y la fragilidad de la versión oficial, las diligencias emprendidas en la Audiencia Provincial de Gipuzkoa acabaron con el procesamiento y el juicio contra 15 agentes de la Guardia Civil. Un hito, por lo novedoso. El proceso judicial acabó con una sentencia que, en diciembre de 2010, condenaba a penas de entre cuatro años y medio y dos años de prisión a cuatro agentes por un delito de torturas graves y lesiones –una sorpresa mayúscula, por lo inaudito–, mientras que absolvía a los otros once imputados.

Como era esperado, los condenados recurrieron el fallo. El Tribunal Supremo se pronunció en noviembre de 2011: absueltos todos. El Alto Tribunal español llegaba a criticar al juez de Donostia por dar más credibilidad a los forenses de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa que a los peritos de parte, entre los que se encontraba el forense que dijo que Unai Romano se autolesionó con una puerta, y afirmaba que los testimonios de Igor Portu y Mattin Sarasola eran una invención, una «kantada» [sic], y que ETA se había encargado de encontrar testigos que corroborasen su versión.

Transcurridos diez años de los hechos, ya en febrero de 2018, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sentenció que los lesakarras fueron objeto de maltrato durante su detención y condenó al Estado español a indemnizarlos con 30.000 y 20.000 euros. Estrasburgo consideró vulnerado el artículo 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que concluye que «nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes».

El fallo se adoptó por unanimidad, aunque tres jueces emitieron un voto particular exigiendo ir más allá: creían que los hechos debían ser tildados de «tortura» y no de «trato inhumano».

El Gobierno español, con Mariano Rajoy al frente, minimizó la condena con un llamativo «no hay secuelas» que trataba de ridiculizar las lesiones de Portu, que según los forenses pudo incluso fallecer. E interpelado por EH Bildu, respondió, prepotente, que el Reino de España «solo» ha sido condenado nueve veces por el Tribunal Europeo de DDHH.