Por orden del presidente peruano Alberto Fujimori, fuerzas especiales asaltaron el 22 de abril de 1997 la embajada japonesa en Lima matando a todos los guerrilleros del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) que habían ocupado la legación 126 días antes. En la operación murieron dos militares que participaron en el asalto y un rehén. 

Según la crónica firmada en 'Egin' por el corresponsal en Madrid, Alberto Cruz, los rehenes conocieron diez minutos antes que el ataque se iba a producir. Los militares peruanos lograron introducir micrófonos en la ayuda humanitaria que facilitó la Cruz Roja.

Fujimori empleó la matanza como una herramienta para afianzar su poder. «El coste en vidas fue del todo asumible para el mandatario andino», destacaba Maite Ubiria desde Donostia.

El comando del MRTA que tomó la embajada japonesa exigía la liberación de los 458 presos de la organización armada. Proponía su traslado a la selva central peruana, donde se produciría la liberación de los cautivos.

Junto a ello, el MRTA con esta acción quería denunciar el papel que Japón jugaba en la situación que padecía Perú. «Las corporaciones japonesas han multiplicado sus negocios en Perú sirviéndose de la 'paz social' impuesta por el régimen en los sectores productivos del país andino», destacaba en un comunicado que hizo público durante la ocupación de la embajada.

Aznar: «Fujimori ha llevado bien el asunto»

Fujimori recibió un amplio respaldo de la llamada comunidad internacional al asalto. «Fujimori ha llevado bien el asunto», proclamó el presidente español, José María Aznar.

En la misma línea, los gobiernos de Japón y Estados Unidos, tras asegurar que no fueron informados del operativo, saludaron «el final feliz de la crisis». Fue tan «feliz» que Japón reanudó inmediatamente la ayuda financiera a Perú que había suspendido tras la toma de rehenes. «Ahora que todos los rehenes japoneses han sido liberados, nuestra política de ayuda permanecerá intacta», anunció Tokio.

Cuba fue una de las escasa voces que no secundó el aplauso a la matanza fujimorista.

Desde Euskal Herria, Herri Batasuna rechazó el asalto militar a la embajada y recordó «las muestras de buena voluntad mostradas por los guerrilleros al liberar a la mayor parte de los rehenes», poniendo el acento en «las circunstancias de penuria económica generada por los sucesivos gobiernos de Fujimori». El PCE-EPK, por su parte, destacaba que «esta salida a la crisis solo servirá para agravar aún más el conflicto en Perú».

Neoliberalismo y pobreza

En esos momentos, Perú tenía 4.000 presos políticos y uno de cada dos habitantes era pobre, mientras que las condiciones de vida empeoraban como consecuencia de las políticas neoliberales impuestas por el Gobierno de Fujimori.

La «falta de conflictividad social» debida a la represión fujimorista justificó el aumento de la inversión extranjera, liderada por Japón, pero con una fuerte presencia española y francesa. Fujimori levantó las últimas restricciones a la entrada de capital exterior y redujo de forma drástica los aranceles aduaneros.

Como buen neoliberal, además, Fujimori privatizó los últimos vestigios del sector público. En este proceso, la española Telefónica, controlada en esos momentos por afines a Aznar, se hizo con el servicio de telefonía peruano.

De este modo, Fujimori logró cifras exorbitadas de crecimiento económico del 12% en 1994 y con medias superiores al 5% en esos años. Sin embargo, ese crecimiento no se reflejaba en el bienestar de la población. Trece millones de peruanos eran pobres y cinco millones estaban en una situación de absoluta miseria. El 50% de la población vivía en la pobreza, llegando al 80% en algunas regiones selváticas. El desempleo era del 75%.

El 80% de la riqueza del país estaba en manos de los blancos, aunque más de la mitad de la población peruana pertenece a los pueblos originarios.

El MRTA comenzó su actividad en 1982. Era una organización armada de inspiración guevarista que tomó su nombre de Tupac Amaru II, descendiente del último inca de Vilacamba y líder de una rebelión contra los españoles en 1780.

Su primer líder fue Víctor Polay. Tras su encarcelamiento en 1992, el liderazgo recayó en Néstor Cerpa, uno de los muertos en el asalto a la embajada japonesa.