El Foro Social Permanente, integrado por distintas organizaciones de la sociedad civil y personas a título individual, nació con el objetivo de impulsar el proceso de paz en Euskal Herria y de deshacer los nudos que impedían hacer frente a las consecuencias del ciclo de violencia de las últimas décadas en el país. Con ese fin, esta iniciativa ciudadana dinamizadora, que contó desde sus primeros pasos con apoyo internacional, hizo públicas, tal día como hoy de 2013 un documento con doce recomendaciones que venían a poner letra pequeña al marco general de la Declaración de Aiete. El objetivo era que el proceso siguiera avanzando.

GARA ofreció una amplia información de aquellos «doce raíles» puestos por Lokarri y Bake Bidea, que partían de la necesidad de alcanzar consensos básicos para abordar los principales retos de un proceso de paz integral. Buscaban avanzar en cuatro ejes, los más bloqueados: diseñar y culminar un proceso de desmantelamiento y desarme controlado y con organismos facilitadores independientes; facilitar la integración de las personas presas y huidas, modificando los aspectos que vulneran sus derechos (presos enfermos, condenas alargadas, dispersión...) y requiriéndoles un compromiso con el nuevo escenario de paz, así como «su renuncia a vías violentas» y «reconocimiento del daño causado», modificando los aspectos que vulneran sus derechos; promover reformas legislativas para garantizar los derechos humanos de todas las personas, incluyendo la redimensión del número y las funciones de las FSE y el refuerzo de sus «mecanismos de control por parte de las instituciones y la sociedad civil»; y preservar la verdad y la memoria para afrontar el pasado con honestidad y establecer las bases para la convivencia futura.

Era una propuesta que iba dirigida a instituciones, partidos y otros agentes para buscar la forma de implementar las medidas concretas y poner fin al inmovilismo estatal. Como recogía el editorial de GARA del 28 de mayo de 2013, las conclusiones del primer foro social ese año en Iruñea y Bilbo buscaban desbloquear la situación política, «no tienen como destinatario a un colectivo determinado ni pretenden promover movimientos concretos, sino hacer que todo empiece a moverse en la dirección correcta». Es decir, «partiendo de este abanico de propuestas, (…) dar forma a una estrategia resolutiva, hacer posible nuevos consensos y materializar lo expuesto en hechos». Y concluía el editorial señalando que «le tocará seguir remando a quien aspira a conducir a este pueblo a buen puerto, sin importarle lo que hagan quienes solo buscan hundirlo».

Ese mismo día, y coincidiendo con la propuesta del Foro Social, desde Madrid, el fiscal Carlos Bautista aprovechaba un juicio de relevancia mediática en la Audiencia Nacional española para lanzar la idea, en base a unos supuestos informes del Ministerio de Interior, de una posible escisión en ETA y una vuelta a la actividad armada ante el bloqueo del proceso de paz. Interior negó que existiera algún informe que concluyera de forma taxativa que eso se fuera a producir, pero dejaba caer que sí manejaba análisis que veían riesgo de que esa posibilidad se diera, alimentando así la bola.

En una entrevista con GARA-NAIZ, un mes antes de la despedida, una de las caras visibles del Foro Social, Agus Hernán señalaba que once de las doce recomendaciones del Foro se habían cumplido o estaban maduras para materializarse. Según el Foro, las cuestiones pendientes de resolución –presos, memoria o discriminación de las víctimas del Estado– debían afrontarse con «nuevos instrumentos».

«Exiliados» de ETA

Un año antes de que se conocieran las recomendaciones del Foro Social para avanzar en materia de paz y convivencia en Euskal Herria, también el 27 de mayo, pero de 2012, GARA daba a conocer las maniobras del Ministerio español de Interior para, aprovechando la mayoría absoluta del Gobierno, modificar el censo electoral de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, de forma que quienes decían haber abandonado el país por la amenaza de la violencia de ETA pudieran votar para alterar la correlación de fuerzas, una iniciativa de dudoso encaje legal apoyada solo por PP y UPN –que ya la propuso, por segunda vez, en enero– y que fue debatida dos semanas después por quince expertos constitucionalistas convocados por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC), dependiente de Presidencia y encargado de elaborar la ponencia. Una treta en la que Antonio Basagoiti, entonces líder del PP en la CAV, puso todo su empeño y consiguió imponerse en su partido a pesar de las innumerables dificultades legales.

Desde el comienzo, el número de personas calificadas como «exiliados» fue una de las principales incógnitas. El PP las cifraba públicamente en más de 300.000; el Foro de Ermua rebajaba el número a 200.000; y el Gobierno de Lakua, a 100.000. Desde Zaitu, organización que agrupaba a «amenazados por ETA», se reducía aún más la cifra de quienes podrían acreditar lo que fijara la ley a tan solo medio centenar.

El tema tuvo recorrido en las páginas de GARA, pues el día 7 de junio la ponencia encargada por Interior proponía que toda persona que en el pasado hubiera residido en Hego Euskal Herria –bastaba con haber estado censado– podría inscribirse en el registro correspondiente a su último domicilio en territorio vasco para poder votar allí en todas las elecciones, sin que ni siquiera fuera necesario ser un «exiliado» amenazado por ETA. Como constataban Alberto Pradilla e Iñaki Iriondo, la realidad superaba la ficción.

Según datos del INE, cada año, unas 20.000 personas se marchaban a vivir fuera de Hego Euskal Herria –más en los años 80 con las reconversiones y la desindustrialización–, con lo que el volumen podría ser gigantesco –253.484 solo entre 1998 y 2010– y haber alterado de manera determinante los resultados electorales en un territorio con un censo electoral, entonces, de 2.192.542 personas.

Además, aquella propuesta preveía un control ideológico de quienes pudieran pedir votar en Hego Euskal Herria estableciendo medidas para garantizar que «no estuvieron más cerca de los verdugos que de las víctimas» cuando la declaración personal de haber abandonado el territorio «como consecuencia de la presión de la violencia terrorista» iba a tener «presunción de veracidad». Aunque no se conocía entonces qué mecanismos de control objetivos y verificables iban a fijarse para comprobarlo.

Unos meses después, en noviembre de ese mismo año, el PP ya había trasladado su propuesta a PSOE y PNV, apelando a su responsabilidad. Esta planteaba abrir el censo a los «exiliados» y a sus hijos, poniendo como punto de partida 1960, con el único requisito de que los primeros hubieran residido 5 años en Hego Euskal Herria y la firma de una declaración jurada de haber recibido presiones, mientras que el PSOE excluía a los hijos, hablaba de acreditar un «origen» o más de cinco años de residencia, situaba el punto de partida en 1977-1978 y rechazaba la declaración jurada, proponiendo en su lugar un procedimiento «contradictorio y ante Poder Judicial» para evitar fraudes.

La tesis del PP sobre los «250.000 exiliados» se desinfló en su negociación con el PSOE, que cuestionaba esa cifra.

Democráticamente inviable, la propuesta acabó olvidada, aunque periódicamente reaparece, como hace unos días.