La violencia sexual como «arma de guerra» en Argentina y en Euskal Herria quedó en evidencia en toda su crudeza tal día como hoy a través del caso de la identificación de un nieto desaparecido de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Barnes de Carlotto, y de un amplio informe de Argituz.

El 6 de agosto de 2014, la sociedad argentina vivió un momento conmovedor cuando fue recuperado el nieto 114 de aquellos bebés que robó la dictadura militar dentro de su brutal represión contra la disidencia, en la que destacó el maltrato de carácter sexual contra las mujeres. Se trataba de Guido Montoya Carlotto y era nieto de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.

El acontecimiento fue dado a conocer por la juez María Servini, quien hizo público el resultado de una investigación iniciada unos meses antes. Fue el propio afectado quien se decidió a dar el paso de descubrir sus verdaderos orígenes. Hasta entonces era Ignacio Hurban, nacido el 26 de junio de 1978 durante el cautiverio de su madre y que terminó criándose en Olavarria.

Pianista, cantante y compositor, albergaba dudas sobre su identidad desde hacía tiempo. En junio de ese año decidió enviar un email a las Abuelas de Plaza de Mayo, porque sabía que a quienes consideraba sus progenitores no eran sus padres biológicos.

Su sangre fue cruzada con las muestras del Banco Nacional de Datos Genéticos y los resultados confirmaron que era hijo de Laura Carlotto, hija de Estela, y de Walmir Óscar Montoya. De hecho, habían permitido conocer quién era su padre, ya que la familia Carlotto desconocía el nombre de la pareja de Laura debido a la militancia clandestina de ambos.

Al día siguiente, nieto y abuela comparecieron juntos y emocionados ante los medios. Se ponía fin a un empeño de 36 años buscando a «Ignacio o Guido», como se presentó el nieto recuperado 114, quien señaló que «me parece maravilloso y mágico todo esto que está pasando. Le agradezco a la vida y a Dios este regalo».

En marzo de 2022, Estela Barnes de Carlotto y su nieto Guido visitaron Euskal Herria. En la Casa de Juntas de Gernika, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo recordó que «éramos mujeres que no teníamos miedo de morir buscando» y reivindicó que lo ocurrido en Argentina «no se repita nunca más, en ningún lugar del mundo».

Estudio oficial

Ese deseo lo formulaba en una tierra donde la violencia sexual como «arma de guerra» ha estado muy presente durante años. Así se recogía en un informe de Argituz remitido al Parlamento de Lakua del que se hacía eco GARA en 2016.

Era la primera vez que un estudio oficial analizaba y describía el impacto de la violencia de motivación política contra mujeres en Euskal Herria desde 1960 hasta ese momento.

En términos cuantitativos, el informe situaba en 78 el número de fallecidas frente a 954 hombres. Pero cualitativamente se añadía la admisión de que los grupos parapoliciales usaron el cuerpo de las mujeres como arma de guerra y de que sus acciones quedaron impunes, al igual que la violencia sexual aplicada en comisarías y calabozos.

Sobre la violencia sexual perpetrada por grupos parapoliciales, en el informe se señalaba que se tradujo en al menos 16 casos de agresiones solo entre 1979 y 1980, dos de ellas con resultado de muerte (Ana Tere Barrueta, de 17 años, en Loiu, y María José Bravo, de 16, en Donostia).

Sobre la cuestión de la tortura sexual, Argituz indicaba que resultaba imposible saber cuántas mujeres la habían sufrido, aunque se citaba algunos casos, como los de Amaia Urizar, Maite Pedrosa y Mari Mertxe Alcocer, o el de una mujer arrestada en Bizkaia en 1992 que sufrió una hemorragia vaginal y el de Beatriz Exebarria en 2011 y por el que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo condenó al Estado español por no investigar su denuncia.

En ese trabajo se peritaron 45 casos y en tres de ellos se habían producido violaciones: dos eran mujeres y uno hombre.

También se documentaba en el informe una quincena de casos de mujeres secuestradas y marcadas utilizando cuchillas con símbolos como cruces gamadas o de los GAL.

Barrionuevo, condecorado

Curiosamente, todos estos datos se hicieron públicos el mismo día en el que unos años antes, concretamente en 1988, el que había sido ministro español de Interior desde 1982, José Barrionuevo, fue condecorado al cesar en su cargo para pasar a ser ministro de Transportes, Turismo y Comunicaciones. Así recibió la Gran Cruz de la Guardia Civil y la Medalla de Oro de la Policía, además de diplomas de Seguridad Vial, Tráfico, Protección Civil y otros galardones.

Una década más tarde, Barrionuevo fue condenado por el Tribunal Supremo español a diez años de prisión y doce de inhabilitación absoluta por diversos delitos relacionados con los GAL, aunque solo pasó tres meses en prisión tras recibir un indulto parcial.