Los hechos, ocurridos a media tarde, aparecen recogidos, además de en portada, en una información publicada a cuatro columnas y datada en Ordizia en la última página de 'Egin', espacio habitual de las informaciones ocurridas en las últimas horas.

Testigos presenciales relataban que la exrefugiada vasca se encontraba con su hijo de tres años en la plaza. Ordizia celebraba sus fiestas patronales.

Acompañada por otros familiares, en el momento del atentado se encontraba visitando una exposición de tractores. Tres impactos de bala, casi todos ellos en la cabeza, hicieron que se desplomase en el lugar. Efectivos de DYA atendieron a la exmilitante de ETA en esos primeros minutos, aunque no pudieron hacer nada por su vida, según detalla la crónica.

Personas que se encontraban en el lugar destacaron que el pequeño fue recogido de inmediato por la madre de González Katarain. Tenía 32 años y había regresado al Estado español meses atrás, proveniente de México, país en el que vivió durante cinco años antes de su regreso. La exrefugiada vasca se había acogido a las medidas de reinserción apenas un año antes, en octubre. Compareció entonces ante la Audiencia Nacional y fue puesta en libertad.

La noticia de la muerte de 'Yoyes' impactó en la localidad y en la sociedad vasca en general. Tras conocerse los hechos, los bares de Ordizia decidieron cerrar sus puertas. En el escenario político hubo una cascada de declaraciones de condena. El pleno del Ayuntamiendo reclamaba «a la ciudadanía vasca que rechace con todas sus fuerzas» el «brutal acontecimiento». La moción, tratada en un abarrotado salón de plenos, ponía de relieve que el atentado se hubiera producido en presencia de su hijo y mostraba sus condolencias a los familiares de Dolores González, «especialmente a su hermano, José Luis, concejal de HB».

Aquella moción dio lugar a un tenso debate en el seno de la Corporación. Se detalla que entre el público se encontraban numerosos militantes de Euskadiko Ezkerra (EE), entre ellos el dirigente de la formación Xabier Gurrutxaga. La información recoge que aprobado el texto, en el turno de intervenciones, un asistente situó a 'Yoyes' como «víctima de los obstáculos puestos a la negociación política». Otros intervinientes denunciaron que ETA había «perdido sus principios» convirtiéndose en «simples asesinos».

Fuera de Ordizia, la crónica recogía que la respuesta de los partidos políticos se centró en el «ataque» que suponía el atentado a las medidas de reinserción, un mensaje para «mantener prietas las filas», en palabras del PSE, y una muerte con «muchos culpables», para EE. «Es legítimo que diga que es la primera muerte que me ha hecho llorar», manifestó Kepa Aulestia, secretario general de la formación, que explicó que mantenía una «estrecha amistad» con 'Yoyes'.

Vera y Barrionuevo, a prisión

Condenados por su participación en el secuestro de Segundo Marey, concretamente por la utilización de fondos reservados para pagar a los mercenarios que secuestraron al ciudadano vasco en una acción reivindicada por el GAL, fue un 10 de septiembre de 1998 cuando se produjo la fotografía de Barrionuevo y Vera entrando a prisión, rodeados de dirigentes del PSOE, que clamaron por su inocencia.

No tardarían en abandonar la cárcel, fue solo tres meses más tarde, con el gobierno del PP de José María Aznar al frente, tras un indulto parcial del Consejo de Ministros que rebajó dos tercios las penas impuestas.

José Barrionuevo, exministro español de Interior, y Rafael Vera, ex secretario de Estado para la Seguridad, ingresaron en la prisión de Guadalajara. 'Euskadi Información' recogió la noticia en una información en la que destacaba el respaldo que ambos condenados recibieron desde las filas del PSOE, entre gritos de «inocentes, inocentes». En una entrevista concedida a 'El País' en 2022, Barrionuevo no solo reconoció su participación sino también justificó el terrorismo de Estado para acabar con ETA.

Antes de su ingreso en prisión, Vera y Barrionuevo habían intentado esa misma mañana salvar su encarcelamiento pidiendo al Tribunal Supremo la suspensión de la orden. Sus letrados habían presentado recursos de súplica ante el Supremo y habían impulsado movimientos ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Ambos penados reiteraban su inocencia.

Entre los apoyos recibidos por los dos cargos del PSOE condenados, José Bono, presidente de Castilla-La Mancha, se mostró convencido de que el único delito de Rafael Vera y José Barrionuevo es «haberse podido llevar un tiro en la nuca por la seguridad de los españoles». También hizo declaraciones Enrique Múgica Herzog censurando que se acusase a Aznar del ingreso en prisión de Vera y Barrionuevo y recalcando que se debe acatar la sentencia.

La situación de Vera y Barrionuevo evidenció «dos formas» de administrar justicia en el Estado español, «una más dura para los vascos y otra, mucho más flexible y fácil, para los miembros del Ministerio del Interior». Así lo manifestó en declaraciones a los medios la parlamentaria Jone Goirizelaia, quien puso también de relieve que el ingreso en prisión se producía un mes después de emitirse sentencia, cuando ambos condenados «deciden» hacerlo.

IU, por su parte, destacó que la liturgia del ingreso en prisión no era sino una «escenificación» de un pacto alcanzado entre el PP y el PSOE para concederles posteriormente el indulto. Josep Lluis Carod-Rovira, de ERC, apuntó por su parte que, «al igual que Sudáfrica, en España se necesita una Comisión de la Verdad y una Ley de Punto Final, como salida legal definitiva para los implicados en la guerra sucia gubernamental. Agregó el representante de ERC que esta ley debería aplicarse al GAL, pero también a ETA, Terra Lliure, Exercito Guerrillero do Povo Galego Ceibe, Grapo y otras organizaciones.