El Gobierno francés concedió el 23 de septiembre de 1984, hoy hace 40 años, las extradiciones al Estado español de los refugiados vascos José Carlos García Ramírez, Francisco Javier 'Pakito' Lujanbio Galdeano y José Manuel Martínez Beiztegi, plegándose a las exigencias españolas y poniendo punto final a la política de asilo mantenida hasta la fecha.

Al mismo tiempo, el Ejecutivo de Mitterrand decidía deportar a Togo a los también exiliados Francisco Javier Alberdi Beristain, Ángel Castrillo Alcalde, José Miguel Galdos Oronoz y Luciano Eizagirre Mariscal. Esta situación provocó numerosas reacciones políticas y sindicales, así como un clima de protestas que se extendió desde Euskal Herria hasta París.

Tras varios días de incógnitas y rumores, el Elíseo anunció su decisión sobre el futuro de los siete refugiados vascos la tarde el 23 de septiembre. El Tribunal de Pau había aceptado en agosto de 1984 siete de las ocho solicitudes de extradición emitidas por el Estado español, situación ante la cual los detenidos iniciaron una huelga de hambre y sed en la prisión de Fresnes. Eso no impidió que García Ramírez, Lujanbio y Martínez Beiztegi fueran trasladados a la prisión de Carabanchel el 27 de septiembre, mientras que la expulsión de Alberdi, Castrillo, Galdos y Eizagirre dirección a África se hizo efectiva incluso antes de hacerse pública, esa misma tarde, a bordo de un avión sanitario militar desde el aeropuerto de Orly.

En un comunicado, el Gobierno francés justificó las extradiciones alegando que sobre los tres refugiados pesaban acusaciones de «delitos de sangre». Sin embargo, desde los medios se cuestionó esta razón, ya que en el caso de Castrillo, uno de los deportados a Togo, también recaía esta acusación, por lo que tanto algunos sindicatos y partidos políticos franceses calificaron la medida como «arbitraria».

La abogada de los detenidos, Christiane Fando, denunció públicamente que nadie le había comunicado la deportación, hasta el punto de que el director de la cárcel de Fresnes se limitó a indicarle que sus representantes «no se encontraban ya en la prisión».

La decisión de las autoridades francesas sobre los siete refugiados provocó una serie de protestas en todo Euskal Herria. En Donibane Lohizune, unas 500 personas se manifestaron hasta que las Compañías Republicanas de Seguridad cargaron contra los protestantes. La reacción popular no se limitó a Ipar Euskal Herria, ya que en Hegoalde «las manifestaciones, cortes de carreteras y quema y destrozos de todo tipo» se alargaron desde aquella misma noche, tal como recogía una crónica de 'Egin' el día 24 de septiembre.

Del mismo modo, Herri Batasuna y LAB convocaron de forma conjunta una huelga general para el miércoles 26 de septiembre, por considerar las medidas del Gobierno de Mitterrand como un «error histórico» y «una agresión colectiva para todo el pueblo vasco».

La solidaridad con los exiliados llegó también a fuera de Euskal Herria, concretamente a París, donde nueve personas fueron detenidas cuando intentaban desplegar en las inmediaciones del Elíseo una pancarta contra las extradiciones.

Finalmente, los extraditados llegaron a Madrid la madrugada del 27 de septiembre, siendo dirigidos al hospital de la cárcel de Carabanchel debido a encontrarse «muy débiles» como consecuencia de la huelga de hambre y sed. En el juicio contra ellos, celebrado en abril de 1985, dos de los tres militantes fueron absueltos por la Audiencia Nacional por falta de pruebas, siendo Lujanbio el único condenado, en este caso, a 54 años de prisión.

EPPK se suma al acuerdo de Gernika

Si en 1984 se vivía un importante episodio que marcaba un antes y un después en el conflicto vasco, 27 años después uno de sus actores principales daba un paso fundamental en pro de una solución democrática. El 23 de septiembre de 2011, Euskal Preso Politikoen Kolektiboa se sumaba al Acuerdo de Gernika, alineándose de esta forma con las decenas de formaciones políticas, sindicales y sociales vascas que abogaban por un escenario de paz y soluciones en Euskal Herria.

Después de casi un año desde que el Acuerdo de Gernika viera la luz, EPPK valoraba que se había convertido «en la referencia» para la construcción de un escenario democrático y que, en esa medida, contaba con su apoyo. En este sentido, remarcaba que Gernika recogía las reivindicaciones del colectivo para «eliminar las medidas de excepción» y repatriar a los presos, entendiendo todo ello como «el primer paso en el camino a la amnistía».

De esta forma, se cumplía uno de los objetivos de los firmantes del acuerdo, que no era otro que conseguir el apoyo de los presos políticos vascos, quienes quisieron dejar claro en su comunicado que seguirían haciendo frente «al sistema penitenciario basado en la represión y el chantaje, destinado a hacer una utilización política malvada».

El anuncio fue recibido positivamente por parte de todos los partidos, excepto el PP. El entonces presidente del PNV, Iñigo Urkullu, afirmó que «para el Gobierno español y los partidos políticos es el momento de arriesgar y de trabajar en esta oportunidad». También el PSOE, a través de Eduardo Madina, calificó este paso como «importante», mientras que el representante del PP Leopoldo Barrreda se limitó a indicar que solo se trataba de «marear la perdiz».