El 11 de octubre de 2017, el entonces presidente español, Mariano Rajoy, activó un artículo de la Constitución que nunca hasta entonces se había puesto en práctica: el 155. Fue su respuesta a lo ocurrido el día anterior en el Parlament, cuando el president catalán, Carles Puigdemont, dio por aprobada la República catalana en función del mandato del 1 de Octubre pero acto seguido suspendió su declaración para dar opción de negociación al Estado.

Aquel envido –que Puigdemont asumiría años después como «un error» propio– fue respondido por Rajoy con un órdago: poner en marcha la suspensión de la autonomía. Al que siguió otro desatado por los aparatos del Estado con el mensaje del Rey español el 3 de octubre: prender la maquinaria represiva.

¿Qué decía el 155, hasta entonces tan desapercibido? «Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general».

Lo que hizo Rajoy este 11 de octubre fue emplazar a Puigdemont a que aclarara si había declarado o no la independencia, para lo que dio un plazo de respuesta de cinco días. En esas tres semanas de juego del gato y el ratón, con las dos partes buscando la adhesión de la comunidad internacional, los tiempos irían dilatándose hasta llegar al 27 de octubre. Esa mañana Puigdemont materializó efectivamente la declaración de independencia y el Senado aprobó en sesión extraordinaria el 155, a las 20.26 de esa tarde, con los votos de PP, PSOE, Ciudadanos y, por la parte vasca, también UPN. El Consejo de Ministros lo había aprobado previamente, el día 21.

La guinda de la regresión autonómica

¿Qué suponía este 155? Puesto en perspectiva, había que comenzar por recordar que el camino autonómico nunca había sido de rosas. En los años 80 se encargó de poner los primeros límites la llamada LOAPA (Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico), que finalmente salió adelante con otro nombre en 1983 y en las que muchos analistas ven una consecuencia del golpe de Estado del 23-F.

Mirado desde Catalunya, el verdadero golpe había sido la sentencia del Tribunal Constitucional contra el nuevo Estatut ya aprobado, en 2010, que fue precisamente lo que empezó a catalizar el «procés». Así que el 155 vino a intentar cerrar, aún más a las bravas, lo que se había abierto realmente con otro ataque previo al autogobierno.

Visto desde Euskal Herria, basta con recordar que el Estatuto de Gernika de 1979 sigue sin cumplirse pasados ya 45 años o que en Nafarroa el Supremo tumbó la transferencia de Tráfico argumentando razones técnicas en febrero de este mismo año.

Con todo, la aplicación de este artículo, que parecía destinado a tener efectos disuasorios más que prácticos, fue un salto al vacío, la constatación de que en el fondo la autonomía es de quita y pon. Rajoy intentó quitarle hierro con argumentos increíbles y sonrojantes a partes iguales: «No se suspende la autonomía de Catalunya», dijo al tiempo que se destituía a todo el Govern y las competencias pasaban a ser asumidas por Madrid con mando a distancia. Fue también Rajoy quien convocó las elecciones catalanas, para el 21 de diciembre.

Consecuencias prácticas y legado

Un informe elaborado por el Govern tras el fin de esta etapa de más de siete meses precisó que los cargos destituidos habían sido en total 234, por lo que la irrupción alcanzó a todos los escalafones de la Generalitat y organismos adyacentes. El primero en ser fulminado fue el jefe de los Mossos, Josep Lluís Trapero, a quien cesó nada más activarse el 155 el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido.

Se liquidaron también otros organismos como el Consell Nacional para la Transición, que buscaba crear los aparatos de la futura República dándole un contenido social.

El mismo informe de 2018 dictaminó además que la intervención de la autonomía tuvo un impacto económico negativo para Catalunya de 1.800 millones de euros, por bloqueos injustificados, defectos de gestión, efectos en contratos...

Su encaje legal fue también muy discutido, sin que el Tribunal Constitucional español, al que elevó el tema el Parlament de Catalunya, diera una respuesta concluyente. En un fallo de 2019 vino a justificarlo como «último recurso» en situaciones excepcionales, pero ¿lo era cuando Madrid no se avino a negociar la situación emanada de una votación democrática?

Más tarde, un Parlament todavía con mayoría independentista reprobó a Mariano Rajoy, Pedro Sánchez y Albert Rivera, entre otros, por aprobar ese 155 y demandó además la abdicación de Felipe de Borbón, que dio el pistoletazo de salida a toda esta reacción. Fue el resultado de una comisión de investigación que analizó todo lo ocurrido.

Resulta curioso que casi nadie recuerde cómo acabó aquel 155, prácticamente por agotamiento. Su aplicación concluyó el mismo día en que Pedro Sánchez llegó a la Presidencia española tras la moción de censura contra Rajoy, el 2 de junio de 2018. Catalunya recuperó su autonomía con Quim Torra como president. Pero quizás es que nunca acabó realmente: su sombra es tan alargada como el precedente que ha creado.