Un repaso a la hemeroteca del 25 de octubre sirve en bandeja un análisis rápido sobre el desarrollo estatutario de Hego Euskal Herria durante el último medio siglo, sobre algunas de sus promesas, ciertos logros y numerosas decepciones.

Podríamos empezar por el 25 de octubre de 1979, día en el que, hace 45 años, se aprobó en referéndum el Estatuto de Gernika para Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. El «sí» fue de un indiscutible 90% de los votos, pero la participación quedó lejos de lo deseable para cualquier texto fundacional. HB y otras fuerzas de izquierda rupturista llamaron a la abstención y solo acabó votando un exiguo 59% del censo.

Pero quizá sea más oportuno empezar el repaso dos años antes, cuando, el 25 de octubre de 1977, Nafarroa quedó incluida en el preautonómico vasco que se empezó a negociar en Madrid y que desembocaría poco después en la creación del Consejo General Vasco, el órgano transitorio con el que Suárez evitó negociar la autonomía antes de aprobar la Constitución. En ese lapso de tiempo se fulminaron las esperanzas de unir las cuatro provincias de Hego Euskal Herria en un único órgano, dando pie a una partición administrativa asumida dos años después por el Estatuto de Gernika.

Con un 90% de apoyo de los votos emitidos, pero una exigua participación del 58%, el Estatuto de Gernika fue aprobado tal día como hoy en 1979, escribiendo el epitafio a la opción abierta otro 25 de octubre, en este caso de 1977, cuando Nafarroa quedó incluida en el órgano preautonómico vasco.

Las consecuencias en materia de construcción nacional fueron notables. Valga de ejemplo lo ocurrido otro 25 de octubre, en este caso de 1985, día en el que el Gobierno de Nafarroa, basado en un Amejoramiento aprobado sin referéndum en 1982, presentó la Ley del Vascuence. La misma que, hoy en día, zonifica la oficialidad de la lengua propia en el herrialde y lastra su impulso y desarrollo.

Por otro lado, hablar del Estatuto de Gernika casi medio siglo después obliga a recordar que sigue sin cumplirse íntegramente. 45 años más tarde, la principal promesa en la materia del nuevo lehendakari, Imanol Pradales, sigue siendo el traspaso de las competencias pendientes.

Así las cosas, la necesidad de saltar este muro, que ha permitido el desarrollo de estructuras de país pero siempre de un modo limitado, lleva tiempo presente en la vida política vasca. También en el seno de la sociedad, que ha apoyado mayoritariamente los escenarios que han amagado con superar este marco.

Volvemos con un ejemplo de otro 25 de octubre, ahora de 1998. En las elecciones celebradas en la CAV ese día, un mes después de la presentación del Acuerdo de Lizarra-Garazi, los partidos nacionalistas lograron una mayoría inapelable en el Parlamento de Gasteiz, con la candidatura de Euskal Herritarrok logrando el mejor resultado obtenido hasta entonces por la izquierda abertzale.

El «Plan Ibarretxe» llega al Parlamento de Gasteiz

Solo cinco años más tarde, en el 24º aniversario de la aprobación del Estatuto, el Consejo de Gobierno encabezado por Juan José Ibarretxe aprobó en sesión solemne y registró en el Parlamento un proyecto de ley que proponía constituir Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, como parte de Euskal Herria, en una Comunidad de Euskadi libremente asociada al Estado español. Nacía así el «Plan Ibarretxe», que iba a marcar la política vasca –y buena parte de la española– durante varios años.

La propuesta se basaba en la voluntad de la ciudadanía y en el pacto con el Estado, y pretendía articular «el ejercicio del derecho del pueblo vasco a decidir su propio futuro», según podía leerse en el preámbulo. El editorial de GARA del día siguiente instaba a «no desaprovechar una nueva oportunidad histórica», pero la propuesta volvió a topar con un muro, en este caso el erigido por PP y PSOE en Madrid.

Ibarretxe presentó su plan de reforma estatutaria un 25 de octubre de 2003. Cinco años más tarde, y acatando al TC, renunció a la consulta sobre la paz y el derecho a decidir anunciada para el 25 de octubre de 2008.   

Otro lustro más tarde, un nuevo intento de saltar la valla estutaria acabó con la prohibición del Tribunal Constitucional y el acatamiento de Lakua y el PNV. Ibarretxe planteó para el 25 de octubre de 2008 una consulta a la ciudadanía de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa acerca del final dialogado del conflicto armado y de una negociación sobre el derecho a decidir. Lo hizo basándose en una Ley de Consultas aprobada en junio de ese mismo año, después de que Madrid se negase a negociar, de nuevo, un acuerdo sobre la materia.

El Gobierno español de José Luis Rodríguez Zapatero recurrió la norma al Tribunal Constitucional, que la declaró ilegal por unanimidad el 11 de septiembre, mes y medio antes de la fecha programada para la consulta. Lakua acató el dictamen y plegó velas, convirtiendo lo que debía ser una consulta en un acto reivindicativo y enviando a la Ertzaintza, por orden de la Audiencia Nacional, a cargar contra los actos de la izquierda abertzale en Hernani y Gasteiz.

La reculada de Lakua en 2008 fue ampliamente recordada casi una década después en Catalunya, al calor del referéndum del 1 de octubre de 2017. Ni en aquella ocasión ni tres años antes, en la consulta del 9 de noviembre, el Govern se echó para atrás. Las consecuencias judiciales fueron importantes para sus impulsores, pero llevaron el asalto al muro un peldaño más arriba. Tampoco lo derribaron, claro está.

Un esbozo de trabajo independentista en común

Ante las dificultades para saltar el muro en solitario, y con el otoño catalán de 2017 en la memoria, el 25 de octubre de 2019, hace cinco años, partidos independentistas de todo el Estado firmaron en Barcelona la Declaració de la Llotja de Mar, en la que esbozaron un programa en común por el derecho a la autodeterminación, la libertad de los y las presas políticas y el blindaje de derechos sociales y políticos.

Firmaron el acuerdo EH Bildu, las tres grandes tradiciones soberanistas de Catalunya –el espacio postconvergente representado hoy por Junts, ERC y CUP– y el Bloque Nacionalista Galego, además de otras fuerzas del resto de Països Catalans. Se quedó fuera, por voluntad propia, el PNV.

Este heterogéneo bloque ha tenido un recorrido irregular en los últimos años, a merced sobre todo de los vaivenes de la política catalana y de las pugnas entre Junts y Esquerra. Pero ha incidido como nunca antes en la gobernabilidad del Estado, impidiendo la llegada de la derecha y la extrema derecha a la Moncloa y ampliando, con todos los límites, derechos para toda la ciudadanía.

Esta dinámica da hoy algunas muestras de agotamiento, sobre todo en la contraparte estatal, pero mantiene viva una de sus principales lecciones para futuros asaltos al muro: multiplicar los frentes permite dejar de hablar de problema vasco o catalán y apuntar a la raíz: el conflicto es español y es con la democracia.