Pasaban apenas unos minutos de las 18.30 de la tarde del 1 de diciembre de 1993, cuando agentes de la Ertzaintza, unos uniformados y otros no, se personaron en la redacción central de 'Egin' en Hernani para dar cumplimiento a una orden de registro dictada por el juez Carlos Bueren.

En su edición del día siguiente, el propio diario explicaba que la vida de la redacción, «especialmente ajetreada a esas horas», se vio «turbada» por la llegada de numerosos ertzainas con una actitud «chulesca y prepotente».

Tras identificar al director del periódico, Jabier Salutregi, los agentes informaron de que iban a inspeccionar los despachos del redactor jefe de Investigación, Pepe Rei, del jefe de Administración, Iñaki Zapiain, y del consejero delegado, Ramón Uranga.

Simultáneamente, la oficina que el equipo de investigación tenía en la redacción de Bilbo también fue allanada por la Policía autonómica.

De ambas sedes se llevaron numerosa documentación, así como material informático.

Durante los registros, los agentes –«algunos de los cuales se comunicaban en euskara»– impidieron a la plantilla de 'Egin' comunicarse con el exterior y, además, fotografiaron y registraron en vídeo a aquellas personas que en aquellos momentos trataban, como podían, de ir cerrando las páginas que debían llegar a los quioscos.

Tanto en Hernani como en Bilbo, cientos de personas se congregaron de forma espontánea frente a las redacciones para denunciar el operativo policial, manifestar su apoyo al diario y reivindicar la libertad de prensa.

En el caso de Hernani, manifestantes y periodistas de otros medios pudieron acceder a la redacción del periódico, que se convirtió en un hervidero. El reproche por parte de los trabajadores y de quienes les mostraban su apoyo hacia los ertzainas, visiblemente nerviosos, fue constante.

La orden del juez estuvo motivada, según recogió el diario, por la incautación a un detenido en París de informes elaborados por una empresa con la que 'Egin' había mantenido relaciones comerciales.

Los responsables del diario, sin embargo, no dieron crédito alguno a esa tesis y así lo subrayaron en un editorial titulado «¡Intolerable!», en el que denunciaban la continua criminalización de su labor periodística.

«El ambiente venía preparándose hace días, desde que José Luis Corcuera [entonces ministro de Interior] lanzase la consigna de cerrar 'Egin'. Recogieron el hilo el lehendakari Ardanza, el consejero Atutxa, portavoces políticos y policiales y –todo hay que decirlo– algunos medios de comunicación», rezaba el texto.

Lanzaba, con tino, un augurio: «Es de temer que pueda ser la primera de una serie de acciones similares». No solo se cumplió, sino que fueron mucho más allá. La historia es de sobra conocida. «¿Creían que no nos íbamos a atrever?», espetó, ufano, José María Aznar, tras conseguir dar la puntilla al diario en 1998. Lo que en muchas otras partes del planeta resultaría impensable fue casi rutina en casa.

También contra 'Egunkaria'

No solo 'Egin' fue víctima de aquellos excesos policiales y judiciales del Estado español. Ni mucho menos.

El 20 de febrero de 2003 y, por orden de Juan del Olmo, juez del ya citado tribunal especial, la Guardia Civil calló para siempre la voz de 'Euskaldunon Egunkaria', el único diario íntegramente en euskara. Como había ocurrido en julio de 1998 con 'Egin', volvían a repetirse registros, detenciones, torturas, encarcelamientos...

Transcurridos siete meses del cierre del diario y con 'Berria' ya en marcha, el 16 octubre, la Guardia Civil lanzó un nuevo operativo en Martin Ugalde Kultur Parkea, que en esta ocasión tuvo como objetivo a empresas vinculadas a 'Egunkaria'. De aquella redada, en la que fueron arrestadas ocho personas, saldría la que después se dio en llamar la «pieza económica» del denominado 'caso Egunkaria'.

Ambos procedimientos, el principal y la citada parte desgajada, acabarían con la libre absolución de las personas encausadas y con una posterior condena de Estrasburgo al Estado español por no investigar la denuncia de torturas de Martxelo Otamendi. Se reconocía, en efecto, su inocencia, pero el daño ya estaba hecho y era, además, irreparable.

Pero volvamos a ese primero de diciembre. Aquel día, de nuevo, la Guardia Civil volvía a Martin Ugalde por orden del magistrado Del Olmo y, en días posteriores, harían lo mismo en las delegaciones de Bilbo, Gasteiz e Iruñea.

Durante horas llevaron a cabo nuevos registros e inventarios «a fin de resolver sobre el posible desprecinto» de las instalaciones y detallar todos sus bienes y su valoración para la posterior liquidación de la empresa.

En comparación con las graves conculcaciones de derechos fundamentales que se han relatado en relación con el cierre de ambos diarios, puede que estos registros puedan parecer algo casi anecdótico, pero ahí está el dato. Y no es menor. El mismo día, con diez años de diferencia, distintas policías asaltaban por orden de un mismo tribunal sedes de dos diarios vascos.

Por la desaparición de la AN

También tal día como hoy, el Parlamento de Gasteiz pidió la desaparición de ese tribunal por orden del cual se cerraron 'Egin' y 'Egunkaria'. No puede saberse si el destino es caprichoso, pero la hemeroteca, desde luego, lo es.

En el año 2006, y con los votos de PNV, Ezker Abertzalea, Eusko Alkartasuna y Aralar, la Cámara aprobó una proposición no de ley en la que se instaba al Gobierno español a derogar la Ley Antiterrorista y a eliminar el régimen de incomunicación y la propia Audiencia Nacional.

Además de expresar solidaridad a las personas torturadas, para quienes se reclama reconocimiento, el texto aprobado subrayaba que la AN no hacía «efectivas las garantías procesales».

PSE y PP votaron en contra y los tres parlamentarios de Ezker Batua se abstuvieron.

Aquella petición cayó en saco roto al no tener ningún efecto en la práctica. El tribunal especial sobrevivió incluso al fin de la propia ETA, pero aquel paso sirvió al menos para poner de nuevo negro sobre blanco la lacra de la tortura y la legislación de excepción empleada en la lucha contra las disidencias.