![Protesta contra los recortes durante la visita de hoy Ruiz Gallardón a Donostia. Andoni CANELLADA / ARGAZKI PRESS](/media/asset_publics/resources/000/011/010/article_main_landscape/arp-pol-798830000000000002746.jpg)
El Gobierno español ha recurrido este jueves la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que le ordenó poner en libertad a la presa Inés del Río y condenó a indemnizarle con 30.000 euros al entender que su estancia en prisión es «irregular» desde 2008.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha señalado en Donostia que el recurso de Madrid apela a la «excepcional repercusión social» que para el Estado español tiene el criterio del tribunal europeo contrario a la sentencia 197/2006, conocida como ‘doctrina Parot’, ya que su aplicación de forma general supondría la puesta en libertad de «los mayores terroristas y los más peligrosos delincuentes comunes que en estos momentos se encuentran cumpliendo sus condenas».
Según ha dicho, asumir la sentencia del alto tribunal europeo «tendría una repercusión muy negativa para el sistema jurídico español».
Madrid alega, además, que la Sección Tercera del tribunal que dictó la sentencia «se ha apartado de la doctrina previa dictada por el tribunal sobre la distinción entre penas y la forma de cumplimiento o ejecución de la pena»
«Hasta esta sentencia, el tribunal reiteradamente había afirmado y, además, de forma unánime, que las formas de ejecución de las penas y, en concreto los beneficios penitenciarios que pudieran acortar el tiempo de cumplimiento, no formaban parte de la pena, es decir, que no estaban afectados por la irretroactividad», ha defendido.
En el caso de Inés del Río, el ministro sostiene que «ni siquiera se ha producido la modificación legislativa» sino que «única y exclusivamente ha habido una doctrina jurisprudencial que ha establecido el Tribunal Supremo. Insisto, no sobre la pena, porque la pena no fue modificada y de ninguna forma ha sido cuestionada ni siquiera por la propia recurrente, sino sobre el sistema de ejecución, es decir, sobre el cómputo de los beneficios penitenciarios».
Nada más hacerse público el fallo de Estrasburgo, el Ejecutivo de Mariano Rajoy ya anunció que lo recurriría, para lo que tenía plazo hasta el próximo 10 de octubre, y señaló que no excarcelaría a Inés del Río mientras la sentencia no fuera firme. Argumentó que el TEDH no es competente para pronunciarse sobre la ‘doctrina Parot’ y que la presa de Tafalla se iba a fugar
Precisamente, el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional española se reunirá de nuevo el 10 de octubre para analizar las repercusiones de la sentencia de Estrasburgo.
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