Transcurridos 25 años, y desde la serenidad y ecuanimidad que marca la distancia en el tiempo, diría que de Argel -de lo que se denominaron Conversaciones Políticas de Argel entre el Estado español y ETA- se ha hablado profusamente. En bastantes ocasiones con desconocimiento de causa, y en otras tantas, desde la perversión intrínseca a los intereses y razones de Estado, gestionados desde los respectivos gobiernos españoles y adláteres autonómicos de la CAPV y Nafarroa.

La excepción que confirma esta regla ha solido llegar, a cuentagotas, de la mano de quienes, ya sea como interlocución o como mediación, participamos de aquel evento, y hemos ensayado narrar e interpretar su significado, situándolo en la realidad de aquel contexto espacio-temporal desde donde se afrontaba el contencioso político y las vías de su resolución.

Me gustaría aprovechar la oportunidad que se me brinda para actualizar un «recuerdo» que sigue formando parte activa, al igual que Lizarra-Garazi, Anoeta-Loiola, Aiete-Oslo, de unas experiencias demostrativas de la voluntad permanente del Movimiento de Liberación Vasco. El compromiso por dilucidar -por la vía del diálogo, la negociación y el acuerdo- el contencioso político que enfrenta históricamente a los estados español y francés con las legítimas reivindicaciones de libertad y soberanía plena de Euskal Herria.

Más que un mojón

En primer lugar, de Argel cabe destacar que no fue un mojón en el marco del enfrentamiento, sino todo un proceso diplomático, político y militar, que comenzó en 1986 y culminó el 10 de agosto de 1997 con el desmantelamiento de la interlocución de ETA en Santo Domingo y la entrega de dos de sus representantes a Madrid para su encarcelamiento.

Un proceso de diez años durante los cuales las conversaciones de Argel, propiamente dichas, abarcaron dos años escasos, los comprendidos entre los primeros contactos exploratorios de Txomin en 1987 (Argote, Sancristóbal y cía) y los subsiguientes de superación de las vías policiales (Ballesteros) y seudo-políticas (Elgorriaga) en 1987-88, y que culminaron en la mesa política de 1989, donde se sentaron Vera y Eguiagaray de parte hispana, Maka, Belén y yo mismo de parte de ETA, y representantes del Gobierno de Argelia como anfitriones y mediadores.

Conocido y público es el resultado de ruptura de la tregua bilateral entre el Estado español y ETA, que amparaba el marco de las conversaciones políticas. Una ruptura provocada por la cerrazón fascistoide de un Gobierno español incapaz de asumir el principio democrático de búsqueda de «una solución política negociada» al contencioso histórico (frase propuesta por el general y delegado personal del presidente, Chadli Bendjedid, y aceptada por ambas partes en la mesa oficial de conversaciones) y temeroso de aceptar la formación de una mesa de partidos políticos para abordar un foro de diálogo superador de la etapa de confrontación político-militar y el protagonismo bélico de las partes involucradas. Una ruptura de compromisos cuya lógica se pondría en evidencia al descubrirse que parte de la interlocución española la integraban miembros del GAL.

No obstante, la ruptura de Argel solamente significó el desmantelamiento de una base territorial, pues los contactos políticos continuaron -vía «botijero» (enviado especial de Ministerio de Interior español) y vía intermediarios internacionales (Fundación Carter, Pérez Esquivel...)- durante ocho años, con los mismos interlocutores de ETA, en Santo Domingo. Y continuaron dentro del espíritu latente en Argel, de ahí mi calificativo de «proceso» a lo que constituyó toda una experiencia y una gran oportunidad desaprovechada en el marco de la resolución de conflictos en parámetros democráticos.

Consecuencia del enfrentamiento

En segundo lugar, ya en el terreno propiamente político, el proceso de Argel fue fruto de una derivada en la confrontación político-militar, donde las partes beligerantes -es decir, ETA y el Estado español- llegaron al convencimiento de que había que explorar un nuevo frente, en este caso dialogante y diplomático.

Cada parte interiorizó que las vías de enfrentamiento político-militar habían alcanzado límites de agotamiento, en una espiral de acción-represión, evidenciando contradicciones que eran insoportables desde parámetros sociopolíticos y pendiendo la sombra del empate infinito en la correlación de fuerzas políticas y militares predominantes en el ámbito del conflicto. Ello propició la determinación de resituar las piezas del tablero, afrontando un pulso cara a cara, en un escenario de distensión, con las armas enfundadas, y en un territorio teóricamente neutral.

Indudablemente, cada parte buscaba un objetivo. ETA, desbloquear el enquistado proceso del torbellino bélico, brindando su disposición para favorecer la apertura de una vía democrática (mesa de partidos, voluntad y decisión popular) encaminada a la resolución negociada del contencioso político. Y el Estado español (con la colaboración del francés), dándose tiempo para ensayar llevar la «guerra de contradicciones» al escenario social y político imponiendo, por riguroso orden de aparición, los pactos anti-ETA de Madrid-Vitoria-Pamplona.

Movimientos dispares, como puede constatarse, donde la ausencia de voluntad española para reconocer la existencia del conflicto político y la consiguiente negación a desarrollar un marco democrático de soluciones llevaron también emparejados la presión coactiva y el trato de rehenes que se dispensó a la interlocución de ETA, aplicando la política de vendetta, primero con su secuestro (retención indebida de una persona para un fin) en Santo Domingo y, posteriormente, con su traslado manu militari a cárceles españolas.

El Estado español, una vez obtenido el rédito de desgaste con los repetidos escarceos de contactos, quiso liquidar el «problema», el coste político que le había supuesto sentarse en una mesa con ETA (reconocimiento tácito de su naturaleza como agente político), borrando escenarios y desactivando testigos comprometedores.

Una práctica recurrente que, en el ámbito de las experiencias negociadoras, ha conocido dramáticas formas de solventar el «problema» eliminando al mensajero. Ahí está el caso de Santi Brouard, asesinado en el marco de los contactos planteados por el embajador francés Guidoni, y el de Josu Muguruza, asesinado en el contexto de impulsar nuevas iniciativas para retomar las conversaciones políticas mantenidas en Argel.

Toda una filosofía

En tercer lugar, y a modo de conclusión, añadiría que Argel supuso toda una filosofía de resolución de conflictos. Se aplicaron bases técnicas y metodología política (interlocuciones, mediadores, territorio neutral); se constituyó una mesa de conversaciones políticas sobre la distensión bilateral de los protagonistas (ETA-Estado español); se desarrollaron líneas de análisis respecto a las causas del conflicto y las consecuencias de la confrontación político-militar; y, sobre todo, se perfilaron elementos y mecanismos (mesa de partidos, proyección institucional y ejercicio de decisión popular vasco) para debatir y abordar un proceso de negociación integral de cara a la solución democrática del contencioso político.

Pero falló la esencia, la «voluntad política», para desarrollar toda esa filosofía al servicio del interés democrático, el reconocimiento del problema y la búsqueda de su solución.

Así, el Estado español (con la colaboración del francés) utilizó Argel para la reorganización de sus fuerzas sociales y políticas (pactos de Ajuria Enea y Pamplona) como sustento y punta de lanza para la continuación de su estrategia opresora. Tampoco le importó incumplir los compromisos adquiridos ante el mediador internacional (Argelia), sabiendo de antemano que las razones de Estado e intereses económicos suelen prevalecer sobre actitudes de solidaridad y buenos oficios políticos.

En definitiva, acabó mostrando su faz más prepotente, entendiendo que había avanzado en exceso jugando a la táctica del diálogo, y retornando a la cómoda trinchera de la violencia prerrogativa y monopolio exclusivo del Estado.

Y a ETA le faltó cintura, paciencia y, sobre todo, confianza en las propias fuerzas que componían el conjunto del Movimiento de Liberación Nacional. No supo aguantar el tirón del Estado y cayó en la trampa de tratar de igualar el pulso militar. Le faltó asimilar, en toda su magnitud, lo que significaba la apertura de un nuevo frente de lucha, es decir, la incorporación del «frente negociador» en la estrategia político-militar. Un nuevo frente, destinado a servir de medio y herramienta para conducir a la lucha hacia unas vías de construcción del marco democrático, desde donde afrontar la resolución integral del contencioso político.

En resumen, Argel tuvo una gran virtud filosófica y el gran defecto de no querer, no poder o no saber aplicar los necesarios recursos sociales, políticos, culturales e incluso económicos para trasladar esa filosofía al campo concreto de la práctica política resolutiva.

Por tanto, una gran oportunidad desaprovechada para el proceso revolucionario vasco y para el conjunto del movimiento emancipador y democrático del Pueblo Vasco.

Pero de las experiencias también se aprende y, afortunadamente, hoy la lucha de liberación nacional y social continúa su rumbo de progreso. El conjunto de la izquierda abertzale ha sabido adaptar su estrategia política y organizativa al nuevo ciclo político, desarrollando iniciativas en el campo de las alianzas, acumulando fuerzas en clave de proceso democrático e impulsando foros internacionales en el área de la resolución del conflicto.

En definitiva, hoy al igual que ayer, la lucha organizada continúa siendo la clave y la única garantía para que la nave de quienes creemos en un futuro soberano en paz y libertad prosiga avanzando hasta alcanzar su puerto definitivo, la República Socialista vasca.