El caso Imelsa, denunciado por Esquerra Unida en la Diputació de València hace año y medio, ha llegado este martes a su fase de ejecución con una operación policial y fiscal que ha comenzado esta mañana bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 18 de València, que mantiene abierta una causa bajo secreto de sumario.

En total se ha detenido a 24 personas, nueve de ellas relacionados directamente con la política –cargos o excargos del PP en distintas Administraciones del País Valencià-, así como trece empresarios, dos arquitectos y un exempleado del Ayuntamiento de València, actual asesor del PP.

Entre ellos figuran el expresidente de la Diputació y del PP provincial Alfonso Rus; el exalcalde de Moncada Juan José Medina; el ex secretario autonómico de Educación y exvicepresidente de la Diputació Máximo Caturla; el ex secretario autonómico de Deporte y exdiputado del PP David Serra; y la exconcejala del PP María José Alcón, esposa del exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau, procesado en el ‘caso Nóos’.

También están detenidos el exgerente de la Fundación Jaume II El Just y exjefe de gabinete del Consell Juridic Consultiu, Vicente Burgos, exmarido de Alcón; el exacalde de Genovés Emilio Llopis; la secretaria del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valéncia, Carmen García Fuster; y el exjefe de sección de Evaluación y Planificación de la Diputació, Salvador Deusa Ibanco.

El Juzgado ha coordinado la operación contra una trama de corrupción infiltrada en varias Administraciones de la Comunitat Valenciana, cuyos integrantes se servirían de sus puestos de responsabilidad en aquellas para percibir comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas.

La operación, llevada a cabo en colaboración con la delegación en València de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y el Crimen Organizado y con la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil como Policía Judicial, se ha saldado con estas 24 detenciones practicadas en las provincias de València, Alacant y Castelló.

29 investigados

En la causa hay 29 investigados (término que sustituye al de imputado tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), entre los que se halla el presidente del PP de València y portavoz municipal, Alfonso Novo; el asesor del PP Luis Salom y la secretaria del PP en el Ayuntamiento de València María José Pi.

Se han registrado domicilios particulares de los investigados, sedes sociales de empresas (entre ellas la empresa pública de la Generalitat CIEGSA) y fundaciones (entre ellas la Jaume II), la sede de un equipo de fútbol (el Olímpic de Xàtiva, del que Rus fue presidente) y la sede del grupo municipal del PP en València.

La investigación se inició a partir de una denuncia interpuesta ante la Fiscalía Provincial de València por una presunta gestión irregular de Imelsa, dependiente de Diputació, cuyo director gerente era Marcos Benavent, que ha colaborado con la investigación tras mostrarse arrepentido en una comparecencia pública y que está investigado en la causa pero no se halla entre los arrestados este martes.

Trama corrupta

La práctica de distintas diligencias permitió descubrir que el ámbito de actuación de la trama corrupta era mucho más extenso de lo que se recogía en esa denuncia inicial.

En la causa se investigan varios delitos contra la administración pública, entre ellos, los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales.

Está previsto que el Juzgado empiece esta noche a tomar declaración a alguno de los detenidos y que continúe mañana con el resto, así como con algunos de los investigados.

El PP valenciano ha decidido abrir expediente a todos los militantes detenidos e investigados este martes y la suspensión cautelar de militancia de todos ellos, así como la destitución «inmediata» de todos los cargos orgánicos que desempeñan los detenidos, sin citar a nadie en concreto, y su cese en cualquier tipo de actividad relacionada con esta formación política.

El resto de partidos han coincidido en atacar al PP por este posible nuevo caso de corrupción que se suma a otros ya en curso y, a nivel nacional, han advertido de que puede dificultar la consecución de una alianza para formar gobierno.