Así se ha expresado en una comisión a petición propia para informar sobre el ‘Estudio análisis fijación relaciones financieras’ del Convenio económico del quinquenio 2015 -2019, un estudio que, ha defendido, se ha realizado «con rigor y objetividad».

Ha señalado que los técnicos del Ministerio español de Hacienda lo están «estudiando» y que ya se han «iniciado los trabajos de negociación», en concreto, se ha mantenido una reunión «técnica» el pasado 20 de enero y hay otra prevista para el jueves 2 de febrero.

También ha incidido en que «necesariamente» hay que contrastar la información porque los datos en los que se apoya la negociación son datos que obran en el Ministerio español de Hacienda.

Además, ha explicado que el estudio afecta también a los ajustes de la imposición indirecta y que su «fijación» corresponde a la comisión coordinadora.

El consejero ha insistido en que «preocupa fundamentalmente» fijar los flujos financieros derivados de la aportación y la imposición indirecta.

La directora del servicio del Convenio económico, Maite Domínguez, ha explicado que el estudio recoge los parámetros indicadores que hay que establecer por el lado de la aportación económica a realizar por Nafarroa en el año base 2015.

Ha explicado que las cargas asumidas por el herrialde en los Presupuestos del Estado para el 2015 es un cálculo hecho por el presupuesto ejecutado por el Estado en 2015 en base a las «obligaciones» reconocidas.

El 32,31 por ciento es el porcentaje del total de cargas asumidas por Nafarroa, ha indicado Domínguez, y a las cargas no asumidas por el herrialde, se les aplica un índice de imputación, fijado en el 1,6 por ciento desde 1990, una cifra que se ha mantenido en los quinquenios posteriores.

En cualquier caso, ha precisado que de los Presupuestos generales del Estado se calcularon las cargas asumidas, y «por diferencia» se obtuvieron las no asumidas por Nafarroa.

Domínguez ha explicado que 341,8 millones de euros sería la aportación que habría que satisfacer de acuerdo con el estudio, que ha recordado es un estudio «de parte» que tiene que ser «contrastado» con los técnicos del Estado y acordado por la comisión coordinadora.

Por UPN, Juan Luis Sánchez de Muniáin, ha puesto «en duda el inaceptable uso» que de ese estudio ha hecho el Gobierno de Nafarroa y que el Ejecutivo navarro ha «incumplido» la ley y ha dejado en «una mala posición».

Desde Geroa Bai, Jokin Castiella ha indicado que los datos «desmontan una serie de discursos» mientras que por parte de Podemos, Laura Pérez, ha afirmado que se necesita «analizar con calma» el informe.

El representante de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha señalado que se deben analizar en «profundidad» el conjunto de las cifras del informe y ha acusado a UPN de utilizar una «metodología distinta» y basarse en «acuerdos políticos» para pagar cantidades.

Por el PSN, Ainhoa Unzu ha afirmado que «nunca se ha cuestionado» al Ejecutivo si la aportación que se ha hecho en 2016 era «justa o no» por no tener una valoración técnica fiable.

La portavoz del PPN, Ana Beltrán, ha sostenido que el informe «no es válido o no» sino que con el mismo se debe conseguir «llegar a un acuerdo» mientras que José Miguel Nuin, de Izquierda - Ezkerra, ha indicado que «apoya» la gestión económica del Ejecutivo.