Cinco grupos parlamentarios de Estrasburgo han manifestado su apoyo a los familiares de los detenidos por una trifulca con guardias civiles. Exigen a través de una declaración que será remitida a Jean-Claude Juncker (junto a otros altos cargos de la Comisión Europea) que los tribunales españoles traten el caso según los principios de «proporcionalidad, justicia y equidad». Del mismo modo, piden también «que se elimine la calificación penal de delito de terrorismo de estos hechos y la devolución del caso» a los juzgados de Iruñea.

Los padres de estos jóvenes han recordado que tres de ellos están en prisión preventiva y han sido alejados de sus familias como medida de castigo extraordinaria. A resultas de ello, 12 personas salen cada semana de Altsasu para recorrer más de 500 kilómetros de carretera para poder ver a sus seres queridos, con los riesgos que eso conlleva. Según han relatado, la familia de Adur Ramírez de Alda sufrió un accidente anteayer cuando acudían a la visita. Afortunadamente, solo hubo daños materiales.

En paralelo, han avanzado que trabajan con ONG internacionales sobre el caso y que varias de estas organizaciones «de reputado prestigio» han mostrado interés y preocupación por el caso. Si bien, las iniciativas que llevarán de la mano con estas ONG «se darán a conocer en su momento».

Los cinco grupos parlamentarios que han apoyado la causa de los familiares de los procesados son: Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, Conservadores y Reformistas Europeos, Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa, Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, Los Verdes/Alianza Libre Europea. Estas organizaciones políticas «han mostrado su compromiso de hacer seguimiento del caso y de realizar gestiones ante las instituciones europeas».

«No pedimos impunidad, ni posicionamientos de parte. Pedimos que se respete la presunción de inocencia, se realice una investigación rigurosa y neutral para el esclarecimiento de los hechos, se actúe con proporcionalidad y de manera ecuánime y respetando los principios del Estado de Derecho y las garantías procesales para un juicio justo», han manifestado.