La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional juzgará el 21 y 23 de mayo a cuatro jóvenes de Errenteria acusados de «desórdenes públicos terroristas» por los incidentes que se produjeron tras una manifestación en Iruñea que acabó en protestas, el 11 de marzo de 2017. La Fiscalía pide para cada uno de ellos siete años de prisión.

La jueza Carmen Lamela asumió la investigación de la causa después de que el Juzgado de Instrucción número 4 de Iruñea se inhibiera al apreciar que se cometieron delitos «terroristas». Sin embargo, la Audiencia de Nafarroa revocó esa decisión al entender que los hechos no constituían «terrorismo», pero finalmente el Tribunal Supremo dejó en manos de la Audiencia Nacional la causa.

Cuatro jóvenes fueron arrestados por los hechos; uno fue puesto en libertad al ser menor de edad y los otros tres fueron encarcelados. Tras ocho meses de prisión, quedaron en libertad en noviembre de 2017.

Según el escrito de la Fiscalía, el 11 de marzo del año pasado «un grupo de individuos con las tareas perfectamente distribuidas y que usaban guantes, embozados mediante capuchas y camisetas que ocultaban su rostro, actuando con el propósito de alterar de forma grave la paz y tranquilidad ciudadana, realizaron violentos incidentes de orden público y ataques perfectamente organizados y planificados contra las fuerzas de seguridad».

«Causaron daños en diversos bienes mediante el lanzamiento de piedras, botellas de cristal y artificios explosivos pirotécnicos que motivaron que tuvieran que acudir los bomberos ante el posible incendio de edificios y bienes», añade.

El fiscal sostiene que los cuatro procesados «participaron en estas acciones en el ámbito de la campaña de violencia (‘kale borroka’) que estaba previsto desarrollar por el entorno de la izquierda radical abertzale y que había anunciado desde días antes».