Iker Urbina y Haizea Ziluaga, abogados de Santi Arrozpide, Francisco Mujika y Alberto Plazaola, han hecho una valoración de urgencia de la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la que han remarcado tanto su disconformidad como su sorpresa, compartida por otros muchos tras las filtraciones de estas semanas precedentes. Este estupor se manifiesta «no solo por la convicción jurídica que nosotros pudiésemos tener, sino por la propia trayectoria del procedimiento en las instancias jurídicas del Estado», donde, según ha recordado Urbina, había votos particulares muy contundentes y fundados de Adela Asúa en el Constitucional o Cándido Conde-Pumpido en el Supremo.

Les preocupa que Estrasburgo, al dar por buena la argucia legal del PP en 2014 para vaciar la directriz europea de descontar condenas, «da carta de naturaleza a la vulneración de derechos y libertades, y también a la vulneración de la propia normativa europea». La trasposición hecha en 2014, reiteran, fue hecha contra el criterio comunitario y con dos excepciones que dejan claro que se diseñaba «ad hoc» para alargar el encarcelamiento de presos y presas vascas.

No obstante, Urbina y Ziluaga creen que todavía hay opciones de revocar esta situación. No saben de momento si recurrirán a la Gran Sala, para lo que disponen de tres meses y que se decidirá lógicamente tras un análisis más reposado del fallo conocido hoy. Pero sí han recuperado la opción de que alguna instancia apele al Tribunal de Luxemburgo a través de una cuestión prejudicial que determine si la adaptación a la ley española de la directiva europea de 2008 fue correcta o no. Es lo que ya estuvo a punto de hacer la Audiencia Nacional y a lo que se han mostrado abiertos jueces tanto en la AN como en el Supremo y el Constitucional. Esta cuestión prejudicial no puede ser planteada por los presos, sino por instancias jurídicas o del ámbito comunitario, pero los abogados tratarán de incidir para lograrlo.

En paralelo han expuesto otra opción, que sería tratar de reforma la ley 7/2014 para adecuarla a la filosofía del criterio europeo. Urbina ha recordado que aquella coletilla para castigar específicamente a los presos vascos fue introducida por el PP en el último trámite en el Senado. Ocurrió en pleno agosto de 2014. Y de aquella artimaña se ha derivado todo este conflicto.

A preguntas de los periodistas, Ziluaga ha confirmado que efectivamente en Estrasburgo hay entre 40 y 50 recursos más por esta negativa a descontar condenas ante el Tribunal de Estrasburgo, pero no esperan que se puedan producir resoluciones diferentes a esta de hoy que marca la línea.

La aceptación de una de las tres cuestiones planteadas en los recursos no palía el malestar por la decisión del Tribunal Europeo: «Las dos rechazadas son las que considerábamos sustanciales», han admitido sin tapujos.