El Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (Covite) ha renunciado a presentar recurso ante el Tribunal Supremo contra la sentencia de la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional que confirmó las penas de entre 13 y dos años de prisión para los jóvenes de Altsasu, pero que descartaba la acusación de «terrorismo». Ni la Fiscalía, ni Covite han recurrido esta decisión.

El tribunal confirmó las penas de entre 2 y 13 años de cárcel para los condenados excepto en el caso de Iñaki Abad, para quien se reducen tres años de condena al advertir que había cometido dos delitos de lesiones y no tres, corrigiendo a la sección primera. De este modo, la condena a Abad quedó establecida en seis años: tres por un delito de «atentado a la autoridad», dos por uno de «lesiones» y otro por «desórdenes públicos». Una sentencia que las defensas sí que recurrieron.

Pese a que el pasado 23 de abril finalizaba el plazo para presentar recursos, las defensas no han recibido la notificación oficial del Tribunal Supremo. Sin embargo, Covite les ha confirmado que no seguirán adelante con el recurso que habían anunciado. En un primer momento, el colectivo liderado por Consuelo Ordóñez había señalado que recurrirían la sentencia de la Sala de Apelaciones, pero finalmente han rehusado hacerlo.

El abogado de Covite, Rubén Múgica, ha justificado en declaraciones a Efe que esta decisión «responde a motivos legales técnicos» y no a un «abandono» del caso. Según apunta, parte de la reforma legal del año 2015 que estableció que «las sentencias dictadas en primera instancia por las audiencias provinciales y por la sala de lo penal de la Audiencia Nacional no son directamente recurribles ante el Tribunal Supremo sino ante una sala de apelación», algo que ya hicieron en su momento. «Es una razón absolutamente técnica. Se podía haber recurrido ante el TS, pero no tenía sentido porque dos distintas salas de la Audiencia Nacional han dicho que no hay terrorismo», ha añadido el letrado.

La Audiencia confirmó la sentencia inicial que impuso 13 años de cárcel para Oihan Arnanz, 12 para Jokin Unamuno y Adur Ramírez de Alda, 9 años en el caso de Jon Ander Cob, Julen Goikoetxea y Aratz Urrizola y 2 años para Ainhara Urkijo, la única condenada que no ha llegado a ingresar en prisión. Las defensas de los jóvenes han recurrido ante el Supremo pidiendo la libre absolución de los encausados. La resolución de estos recursos podría retrasarse hasta finales de año.

Covite introdujo la variante de «terrorismo»

En setiembre de 2016, tres semanas antes del altercado en Altsasu, Covite envió a la ONU un dossier de 57 páginas sobre «la persistente radicalizción» en Euskal Herria. En aquel escrito ya aparecía la localidad de Sakana en un apartado titulado ‘La radicalización violenta’, pese a estar acompañado de imágenes poco violentas de tres carrozas del Ospa Eguna.

Así, Covite observó en los hechos del 15 de octubre de 2016 un caso de «terrorismo en conexidad con un delito de odio», aprovechando los últimos cambios del Código Penal español y en lugar de presentar su denuncia en el Juzgado de Instrucción número 3 de Iruñea, donde ya se estaba instruyendo, y que este lo trasladara a la Audiencia Nacional si veía indicios de «terrorismo», Covite decidió presentar la denuncia directamente en Madrid, ante la jueza Carmen Lamela, que pidió toda la documentación a los juzgados navarros. El caso dio un giro en ese momento. Dos años y medio después, renuncia a su tesis.