En un auto, Moreno pide al Estado francés, a instancias de la Fiscalía, que extradite a histórico militante, detenido el pasado 16 de mayo en la localidad de Sallanches, en la Alta Saboya francesa, para ser juzgado por esta causa, en la que fue procesado en 2002 por un delito de atentado con resultado de muerte, diez de asesinato y otros 73 de tentativa de asesinato.

En el escrito, el juez recuerda a las autoridades francesas que el Tratado de la Unión Europea impide a los estados miembros denegar una extradición porque el delito en cuestión haya prescrito en el estado requerido (en este caso el francés), sino que solo se debe tener en consideración la legislación del estado requiriente (español).

Por ello incide en que los delitos no han prescrito, puesto que si bien los hechos se produjeron el 11 de diciembre de 1987, la declaración en rebeldía y la orden de detención de Urrutikoetxea se dictaron en el año 2005 y es a partir de ese momento cuando empezó a correr el plazo, de 20 años según la lectura más favorable de la legislación española. Así, el juez propone al Gobierno español que solicite la extradición al Estado francés para que sea juzgado por este atentado, en el que murieron 11 personas.