En una multitudinaria comparecencia en Bilbo, en la que han participado figuras referenciales de diversos ámbitos, la red ciudadana Sare ha informado de la presentación ante la ONU de un informe que recoge las vulneraciones de derechos de los presos vascos en cárceles del Estado español.

El portavoz de Sare Joseba Azkarraga ha explicado que «cada cinco años, los 193 países miembros de la ONU, deben pasar un examen para revisar la situación de los derechos humanos» en cada estado miembro. Entre los próximos meses de octubre y noviembre es el Estado español el que debe pasar este examen, cuyo resultado se verá reflejado en un informe final que indicará las recomendaciones que deberá implementar.

Sare y el Centro Interdisciplinar de estudios jurídicos de la UPV/EHU Ikasmirak han considerado necesario presentar antes de la revisión el citado informe, en el que se da cuenta de «la conculcación de los derechos fundamentales y del principio de legalidad», según ha expuesto Iñaki Lasagabaster, destacando sus efectos sobre los reclusos y sus familiares y allegados.

El jurista ha indicado que «la política española en materia penitenciaria es contraria al principio de legalidad» y que este es un principio que vincula a todos los poderes públicos y en todos sus campos de actividad». «Pues bien, los poderes públicos españoles intervienen en política penitenciaria no solo sin ninguna habilitación legal, sino además de forma contraria a las normas internacionales», ha apuntado, con referencia expresa a las llamadas normas Mandela o las decisiones adoptadas por el propio Consejo de Europa sobre el cumplimiento de condenas en lugares próximos al domicilio habitual.

Según ha precisado, el objetivo del informe es hacer llegar a los relatores «la situación que se está produciendo aquí», tanto en materia de alejamiento como en lo referente al cómputo de condenas o en lo que se refiere a personas gravemente enfermas que se encuentran en prisión.

«La cárcel no es para matar a las personas», ha planteado Lasagabaster al respecto y ha llamado a la reflexión sobre por qué habiendo plazas libres en prisiones sitas en Euskal Herria o próximas, se mantiene a reclusos en las más alejadas del Estado.

Junto a las consideraciones jurídicas, el informe refleja datos como las distancias que deben recorrer los familiares «para realizar visitas de 40 minutos», en un colectivo en el que «el 65,1% recorre 2.000 kilómetros; el 21%, 1.000 kilómetros y el 14,4%, 600 kilómetros», o el hecho de que el 85% de los presos vascos se encuentren en primer grado penitenciario cuando tomando como referencia el número total de presos en el Estado, solo el 1,5% se encuentra en este régimen.

Adhesión numerosa y diversa 

La iniciativa ante la ONU llega arropada por un nutrido grupo de personalidades de ámbitos como la política, la cultura o el sindicalismo, entre otros, cuyos representantes han acompañado hoy a Sare para mostrar su adhesión al informe.

En la comparecencia, que ha contado con una nutrida representación del mundo del sindicalismo y de profesionales de la abogacía, como Jone Goirizelaia, Arantza Zulueta o Iñigo Sancho, han participado el ex gobernador civil de Bizkaia Daniel Arranz; Rosa Rodero, viuda de Joseba Goikoetxea, víctima de ETA; el periodista Joseba Aizpuru o Pili Zabala, hermana de Joxi Zabala, víctima del GAL, entre otros.

Según han detallado desde Sare, los lehendakaris Carlos Garaikoetxea y Juan José Ibarretxe, miembros de la cultura como Patxi Biskert, Arantza Amezaga o del Derecho y de la magistratura como Garbiñe Biurrun, así como el filósofo Javier Sádaba han mostrado también su adhesión a la iniciativa.

«Son personas, todas ellas, que desde sus posiciones ideológicas consideran que trabajar por el fin del alejamiento, por la libertad de los presos gravemente enfermos, por el fin de la aplicación de un régimen de excepcionalidad que implica cadenas encubiertas, no supone defender una posición ideológica sino exclusivamente defender los derechos humanos, sin excepción», ha destacado Azkarraga. 

El portavoz de Sare ha destacado que «todos y todas somos necesarios en el fortalecimiento de un clima de convivencia que nos ayude a restañar heridas colectivas» y ha recordado que aplicar «una legislación excepcional» al colectivod de presos y presas «supone una actitud que nada tiene que ver con el camino que se emprendió en octubre de 2011», en referencia al anuncio del cese definitivo de la lucha armada.