NAIZ
Madrid

El juez envía a prisión a los siete independentistas catalanes detenidos el lunes

El juez de la Audiencia Nacional español Manuel García Castellón ha decretado prisión provisional para los siete miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) detenidos el lunes, a quienes la Fiscalía acusa de «ultimar acciones terroristas» de cara al próximo aniversario del 1-O.

Pancarta en la concentración de apoyo que ha tenido lugar en Madrid. (@Arran_jovent)
Pancarta en la concentración de apoyo que ha tenido lugar en Madrid. (@Arran_jovent)

El magistrado ha tomado esta decisión después de que la Fiscalía haya solicitado prisión incondicional para los siete por los delitos de «integración en grupo de naturaleza terrorista, conspiración para cometer estragos y tenencia ilícita de explosivos».

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 considera que existen «indicios de que formaban parte» de una organización denominada ERT (Equip de Resposta Tàctica), que contaba con una «estructura jerarquizada que pretendía instaurar la república catalana por cualquier vía, incluida la violenta». Los autos de prisión no han sido facilitados a los medios de comunicación.

La Fiscalía considera que la organización de la que forman parte presuntamente los detenidos tiene «naturaleza terrorista» y su finalidad era «subvertir el orden constitucional y alterar gravemente la paz pública». A su juicio, la gravedad de las penas que acarrean estos delitos así como el «riesgo de que se pudieran materializar las conductas que se planeaban y de destrucción de pruebas» han llevado a solicitar la medida de prisión provisional sin fianza.

La CUP ha abandonado la sesión del Parlament

Los cuatro diputados de la CUP han abandonado el hemiciclo del Parlament, en plenas votaciones de las propuestas de resolución del debate de política general, en protesta por estas siete órdenes de prisión.

Al conocer la noticia, el diputado de la CUP Carles Riera ha pedido la palabra para reclamar la suspensión del pleno y la celebración de una reunión de la Junta de Portavoces para acordar la «respuesta institucional» frente a este episodio de «violencia y represión» del Estado español.

Riera ha denunciado que hay siete nuevos «presos políticos», por lo que enetndía que continuar con el pleno sería «normalizar la represión».

El presidente de la Cámara, Roger Torrent, le ha respondido que no se podía suspender una votación una vez había comenzado y le ha indicado que podrían hablar con los grupos de la conveniencia de convocar una Junta de Portavoces al finalizar el pleno de debate de política general.

Acto seguido, los cuatro diputados de la CUP han abandonado el hemiciclo mientras se reanudaban las votaciones de las resoluciones.

Riera ha explicado posteriormente en una rueda de prensa que su formación no puede «legitimar la represión ni la normalidad institucional en un contexto de quiebra de la democracia. Expresamos nuestro apoyo a las personas represaliadas y a sus familias por la situación de prisión incondicional, y les decimos que no estarán solas».

La CUP, ha apuntado también Riera, está convencida de que las detenciones «forman parte de una campaña bien orquestada por el régimen y sus agentes, lo que incluye a sus partidos políticos, los medios de comunicación que les apoyan y los diversos aparatos del Estado, con la finalidad de generar miedo de cara a la sentencia, criminalizar la disidencia y crear un relato de criminalización del movimiento independentista».