El Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos ultima los detalles del paquete de medidas sociales más importante desde que el Estado impusiera el estado de alarma y lo presentará este martes tras el Consejo de Ministros telemático, según aseguraron a NAIZ fuentes de la vicepresidencia segunda del Gobierno.

Sólo un problema inesperado de último momento podría evitar los anuncios de iniciativas que ya están 99 por ciento acordadas, tras el acercamiento de posiciones entre los ministros Pablo Iglesias (Derechos Sociales), José Luis Escrivá (Seguridad Social) y Yolanda Díaz (Trabajo).

Este martes el Gobierno comunicará un viejo caballo de batalla de Unidas Podemos: el ingreso mínimo vital. Desde el Gobierno quieren que sea un ingreso de alrededor de 500 euros con piso y techo determinado por la cantidad de hijos del beneficiario, y que proteja a quienes tengan rentas más bajas.

«El ingreso mínimo vital está destinado para los que no pueden beneficiarse de las ayudas ejecutadas hasta ahora, que no reciban paro o que hayan visto reducida sus rentas por la crisis, para que nadie quede sin algún tipo de cobertura social», informaron a NAIZ fuentes de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales.

La semana pasada se dieron los pasos decisivos para el acuerdo sobre el ingreso mínimo vital, en el marco de la disputa entre el ala más liberal del Gobierno, representada por las ministras Nadia Calviño (Economía), María Jesús Montero (Hacienda) y la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, con los ministros de Unidas Podemos y el ministro Escrivá.

De hecho, días pasados hubo reuniones entre Iglesias, Díaz y Escrivá para desatascar la situación, debido a que las carteras de los tres habían trabajado proyectos sobre la renta mínima vital, relataron fuentes de la vicepresidencia segunda. «Entre los tres hubo entendimiento y por eso se avanzó», aseguraron.

El objetivo de Unidas Podemos es que esta medida «se quede incluso después de la crisis sanitaria», como una herramienta para «paliar la pobreza infantil», recordando que es una de sus propuestas de campaña, aunque la duración a largo plazo no está asegurada.

El Gobierno español ya había admitido públicamente que la medida estaba por concretarse debido al drama social que traerá consigo la crisis sanitaria. De echo, el último miércoles, el ministro Escrivá afirmó que se estaba «estudiando el diseño de la medida» y que en cuanto estuviera preparada se iba a «comunicar e implementar».

Se calcula que esta renta mínima implicará alrededor de cuatro mil millones de euros para las arcas del Estado y beneficiaría a alrededor de dos millones de ciudadanos.

En tanto, el otro pilar del paquete de medidas que se viene el martes será un subsidio extraordinario para las personas trabajadoras del hogar que hayan dejado de prestar servicios en forma total o parcial como consecuencias de la crisis económica derivada de la pandemia. La trabajadora/or deberá acreditar que su pérdida de ingresos ocurrió con posterioridad a la declaración del estado de alarma.

El Ministerio de Trabajo anunciará que se trata de una prestación compatible con otra actividad, por lo que la trabajadora o trabajador podría mantener algunos de sus empleos, de darse esa situación, e ir dejando poco a poco de recibir esta prestación.

La prestación extraordinaria consistirá en el 70% de la base reguladora y será por un mes, prorrogable hasta que expresamente se establezca la finalización de este subsidio extraordinario.

Alquileres, a la cola

El desacuerdo sobre la suspensión de pagos de alquileres y que se haga cargo el Estado de ellos para quienes no lo puedan pagar suma al tándem Calviño-Montero-Calvo al ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Abalos, quien mantiene competencias en el área de vivienda.

Este sector del PSOE está abiertamente enfrentado con la idea de los ministros de Unidas Podemos con respecto al alquiler. La propuesta morada es que el Estado «se haga cargo de los alquileres y pague según la cantidad de inmuebles que posean los propietarios. A partir de ocho viviendas, se pagaría el 5 por ciento al dueño», explican fuentes del socio minoritario de la coalición.

Sin embargo, Abalos y Calviño quieren impulsar créditos a tasa cero para que los inquilinos puedan hacer frente a los pagos a través de deuda en un período de hasta dos años.

La puja entre exención a pagar y pago mediante endeudamiento ha atascado esta medida que, en el primer caso, implicaría un alto incremento del gasto público -y la pérdida de ingresos por parte de los grandes propietarios y fondos buitres-, mientras que en el segundo, un fuerte aumento del endeudamiento de los inquilinos.

«Por ahora no hay acuerdo y seguramente esta semana no habrá anuncios al respecto», señalan desde el Gobierno. Sin embargo, hay otra iniciativa que Moncloa tiene guardada bajo siete llaves y que está prevista de ser anunciada este martes.

«No implicará un incremento del gasto público, pero sí serán ajustes reguladores», explican expectantes, con temor a que las filtraciones arruinen el plato fuerte y active las alarmas de quienes se verán perjudicados, como ha ocurrido con los alquileres.