En dos autos fechados este pasado miércoles se estima parcialmente las medidas cautelarísimas, sin perjuicio de celebración posterior de una comparecencia para la que se procederá a la citación.

De este modo, requiere a las empresas Zu eta biok y Eulen y al organismo foral Kabia para que «con carácter de urgente e inmediato, y en tanto dure la vigencia de la pandemia Covid-19, cumpla las medidas aprobadas en las normas, órdenes, guías y protocolos vigentes, en la medida en que no se esté cumpliendo, procediendo, en los términos en ellos expuestos, a la realización de test diagnósticos, clasificación de todos los trabajadores como trabajadores de exposición de riesgo, facilitar a todos los trabajadores EPIs completos y homologados y exigidos para riesgo biológico y virus».

También les exige que «realizado el diagnóstico correcto tras la realización de los tests lleven a cabo las medidas relativas a la ubicación y aislamiento» e informen a los trabajadores «del plan de contingencia».

Además, alude a «reforzar el servicio de limpieza, recabar auxilio urgente disponible para dar respuesta a la situación creada en la residencia, informar a los representantes de los trabajadores de la situación del centro y de las medidas a adoptar establecer planes de continuidad de la actividad ante el aumento de las bajas laborales del personal y ante el escenario de incremento de riesgo de transmisión en el lugar de trabajo, con un proceso de participación y acuerdo con la representación legal de los trabajadores».

Asimismo, pide que se informe y forme a la plantilla «con una formación específica y actualizada», que «se den pautas sobre posibles situaciones de estrés laboral» y se «coloquen carteles visibles fuera de cada habitación donde se describa claramente el tipo de precauciones necesarias y el EPI requerido», así como «realizar actividades formativas para educar a residentes sobre higiene de manos e higiene respiratoria y realización de las correspondientes evaluaciones».

En un comunicado, ELA, que presentó la semana pasada tres demandas de tutela de derecho a la salud, vida e integridad física de las trabajadoras de las residencias Iurramendi de Tolosa, San Jose de Ordizia y Argixao de Zumarraga.

Sin embargo, en el caso de esta última residencia, el Juzgado de lo Social número 1 de Eibar ha desestimado adoptar medidas cautelares, tal y como lo solicitaba ELA. En el auto, se pospone a la celebración del juicio oral previsto para el próximo día 23 de abril de 2020 la adopción de posibles medidas contra este centro.

El sindicato ha aplaudido que las resoluciones judiciales en relación a las residencias Iurramendi y San José «avalan» sus denuncias y las de las trabajadoras de residencias de mayores sobre «la falta de personal y la falta de medidas para garantizar la salud» de estas y de los usuarios de estos centros.

En este contexto, ha advertido a la Diputación de Gipuzkoa, «como máxima responsable y financiadora en un 90% de un servicio público privatizado», y a las empresas concesionarias que «recapaciten y asuman su responsabilidad, escuchen a las trabajadoras, a los sindicatos y a las familias de los usuarios».