En el grupo de trabajo de Políticas Sociales y Sistema de Cuidados de la Comisión de Reconstrucción del Congreso han intervenido este lunes ‪Carlos Susías, presidente de la Red Europea contra la Pobreza (EAPN); Natalia Peiro, secretaria general de Caritas; y Lara Contreras, responsable de Contenidos e Incidencia de Intermón-Oxfam. ‬Sus discursos han incidido en el «seísmo social» ante la dramática situación de la pobreza y la desigualdad en el Estado español «anterior al covid-19 y a la crisis de 2008. Es estructural», ha precisado Susías, el primero en intervenir.

Los tres han coincidido en que la manera de salir de la crisis de la pandemia del covid-19 no puede ser la que se utilizó en 2008. Han llamado a terminar con los abusos en el alquiler de viviendas, a regularizar a las personas migrantes y, a la vez, a ofrecer un trato justo a las personas que se encargan de los cuidados y trabajan en el hogar. Demandan un mayor impulso al tercer sector, la economía social y solidaria y «deshacer» los recortes de financiación de esas organizaciones que se prolongan por más de una década.

«Las rentas altas se recuperaron enseguida, pero las rentas bajas después de 9 años de crisis no habían salido aún y es cuando llega ésta», ha precisado el responsable de EAPN, Carlos Susías. Natalia Peiro, en este caso, ha indicado que «la reconstrucción no debería de ser fijándonos en el modelo anterior, porque estamos viendo que la pobreza severa se cronifica».

En el Estado español la pobreza afecta al 21,6% de la población, según los datos de EAPN; en la CAV, en torno al 18,4%; y en Nafarroa, a un 14,9%, estos dos últimos datos calculados en base al PIB de cada una de las comunidades.  

Protección jurídica y política fiscal

Carlos Susías ha explicado que el empleo es el «principal elemento de integración social... si es digno y suficiente. Pasa como con las pensiones». Pero lamenta que «un 30% de las personas en situación de pobreza severa tienen un empleo» y añade que «la situación es dramática si no se les ayuda».

En este sentido, ha recordado que el 14,6% de quienes están atrapados en la pobreza severa cuenta con titulaciones superiores y otro 22% con titulaciones medias. «Estamos ante una situación estructural, por lo que la respuesta debe ser estructural y diferenciada a la de 2008. Debe haber una protección jurídica de las personas en pobreza y debe actuarse en la política fiscal», ha añadido.

El Ingreso Mínimo Vital, para él, «es muy acertado, necesario y muy mejorable. Las comunidades autónomas deberán complementarlo para estar mejor».

También ha solicitado «una sanidad universal, pública y reforzada» porque «si no hay un sistema bueno de salud, puede llevar a la quiebra económica a un país». Ha demandado la puesta en marcha de la Ley de Vivienda para afrontar las políticas adecuadas de alquiler y actuar frente a la pobreza energética que «sufren muchas familias».

Crisis no es igual para todos

La secretaria general de Cáritas, Natalia Peiro, ha admitido que «los efectos de la crisis no son iguales para todos. Estamos viendo cómo con los datos del SEPE en marzo y abril el paro creció un 2,5%, pero las 1,5 millones de personas que acompañamos en Cáritas cuentan con un 20% de paro, ocho veces más que la media». Y ha añadido que tres de cada diez personas que acuden a esa organización «no ingresa un euro. Y esas son 450.000 personas».

Desde Cáritas se propone que se garanticen los derechos sociales con reformas, incluso en la Constitución, y que se «revise y ratifique la Carta Social Europea, que no se ha hecho». A la vez que se protejan el empleo de hogar y el sistema de cuidados. «Tiene que producirse un reconocimiento de plenos derechos laborales a las cuidadoras y trabajadoras de hogar, para que cuenten con una prestación por desempleo. El cuidado debe ser universal, público y de calidad».
 
Entre otras demandas, Nataila Peiro ha pedido una intervención sobre la vivienda con una ley estatal que garantice su acceso» , que haya programas de rehabilitación y mantenimiento y que se cree un sistema de alquiler que permita «el acceso adecuado de las personas» y «se mantenga la paralización de los desahucios hasta diciembre».

No ha desaprovechado la oportunidad para analizar el Ingreso Mínimo Vital. La secretaria general de Cáritas estima que «el umbral de cobertura es demasiado bajo. El objetivo es alcanzar al 50% de las personas en pobreza severa»«, pero son 4,5 millones de personas atrapadas por esa fatalidad en el Estado español. Pide que «las comunidades complemente esas ayudas».

Peiro ha insistido, por último, en que se permita el empadronamiento de las personas migrantes, que no se abran los centros de internamiento y, entre otras, que se flexibilice la ley de extranjería.

Sexto en desigualdad social

Lara Contreras, responsable de Contenidos e Incidencia de Intermón-Oxfam, ha considerado el covid-19 como una oportunidad de salida diferente a la adoptada en 2008». «El Estado español es el sexto país con mayor desigualdad de Europa», ha traído a colación. ‬

‪Entre otras , ha propuesto algunas medidas que tienen que ver «con el trabajo digno y garantías de los derechos de los trabajadores». ‬Porque «en 2019 se firmaron 20 millones de contratos, pero sólo el 6% fueron indefinidos. Y un tercio de los mismos tuvieron una duración inferior a siete días», ha dicho.

Una situación «dramática para muchas personas», pero que tiene una mayor incidencia sobre la mujer, dado que «el 46% de esos contratos precarios los firmaron las mujeres». Sin embargo, con la crisis del covid-19 «nos hemos dado cuenta que esa precariedad la realizan trabajadores esenciales: médicos, enfermeras, cuidadoras, hombres y mujeres del campo, trabajadoras de supermercados, repartidores....

Ha denunciado el aumento de los «falsos autónomos», que están creciendo en la Unión Europea, por lo que reclama invertir en sectores de mayor valor añadido, sancionar la precariedad indebida, eliminar la subcontratación «que precariza el mercado laboral» y «abolir» el régimen de internas de las empleadas de hogar «porque en muchos casos en situaciones de esclavitud».

‪Lara Contreras‬, por otro lado, ha propuesto un plan para obtener 10.000 millones más de ingresos fiscales por distintas vías; desde acabar con la fuga de millones a los paraísos fiscales a impuestos a las transaciones financieras, reformas en el impuesto de Patrimonio y de Sociedades y «gravar al capital en el IRPF como a las rentas de trabajo».