Según ‘El País’ y ‘The Guardian’, el teléfono de Torrent fue atacado el año pasado y quien lo hizo pudo monitorizar su actividad.

«Llegaremos hasta el final para se aclare todo. Llegaremos hasta el final para que se aclare la verdad. Llegaremos hasta el final para que se aclare este caso», ha expresado Torrent en una declaración institucional tras hacerse pública la información.

El presidente del Parlament de Catalunya ha denunciado que el espionaje es la demostración que los aparatos del Estado español persiguen a los «adversarios políticos». «Es impropio de una democracia y se posan en riesgo los derechos fundamentales de los ciudadanos», ha declarado. Por eso, Torrent ha exigido al Gobierno español que se manifieste públicamente sobre el espionaje de su móvil y ha pedido «que se depuren las responsabilidades».

Torrent ha declarado que en el Estado español se persigue la disidencia política y ha subrayado que su antecesora, Carme Forcadell, –como otros políticos independentistas– está en la cárcel «por permitir a los catalanes decidir su futuro». Por eso, aludiendo al Ejecutivo de Madrid ha preguntado: «¿Qué opinión tiene sobre este caso de espionaje político? ¿Qué opina de que un presidente de un parlamento sea espiado?».

Ha explicado que el software aprovechó una vulneración de Whatsapp para acceder a 1.400 móviles entre abril y mayo de 2019, en un centenar de los cuales se hicieron investigaciones «abusivas y por motivaciones políticas» a líderes sociales, abogados, activistas, periodistas o políticos, como la exdiputada de la CUP, Anna Gabriel, y el miembro de la ANC Jordi Domingo.

El Gobierno español dice no tener constancia

La portavoz del Gobierno español, María Jesús Montero, ha afirmado que el Ejecutivo no tiene constancia de que Roger Torrent, haya sido víctima de un hackeo y le ha animado a poner la supuesta intervención de su móvil en conocimiento de la autoridad judicial para que se investigue.

La portavoz del Ejecutivo ha asegurado que se ha enterado del caso poco antes de entrar a la rueda de prensa y ha insistido en que, ante la sustracción de un móvil o la sospecha de un hackeo, hay que presentar la correspondiente denuncia para que se investigue, como hacen todos los ciudadanos. Al margen de esa precisión, Montero se ha limitado a mostrar su respeto a las actuaciones que puedan realizar las fuerzas de seguridad o la autoridad judicial.

Por su parte, el Ministerio español de Interior ha señalado, por medio de un portavoz, que ni este departamento, ni Policía ni Guardia Civil «han tenido nunca ninguna relación» con la empresa de vigilancia israelí NSO.

Reacciones en Catalunya

Varias personalidades de la política catalana han salido a denunciar el espionaje contra Roger Torrent. La consellera de la Presidencia, Meritxell Budó, ha exigido investigar «hasta el final» para determinar quién «espió» el móvil del presidente del Parlament.

El vicepresidente del Govern catalán, Pere Aragonès, ha pedido al Gobierno central «garantías fiables» de que los servicios secretos y fuerzas de seguridad del Estado no están involucrados en el espionaje a Torrent. Ha añadido que «todas las sospechas apuntan» que el espionaje lo ha monitorizado el Gobierno español, y ha señalado que «no sé qué Estado puede tener interés en saber qué hace la segunda autoridad de Cataluña que no sea el Estado español».

ERC y Junts han registrado este martes en el Congreso español sendas peticiones de comparecencia del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que explique en la Cámara el presunto espionaje al presidente del Parlament, Roger Torrent. Los de Gabriel Rufián también reclaman la presencia por este mismo asunto de la ministra de Defensa, Margarita Robles.

El diputado del PSC en el Parlament Ferran Pedret ha condenado en nombre del partido cualquier intento de vulnerar el secreto de las comunicaciones de forma ilegitima motivado por «actividades políticas» a través del espionaje, que considera que solo es legítimo si se da por acciones presuntamente delictivas.

Por último, la líder de Cs en Cataluña, Lorena Roldán, ha asegurado que si las informaciones sobre el presunto espionaje son ciertas sería «inaceptable», pero le ha exigido a Torrent que presente pruebas si las tiene antes de acusar al Gobierno.

Podemos, PNV, EH Bildu... en el Congreso

En este contexto, Podemos y fuerzas nacionalistas catalanas y vascas han suscrito un manifiesto, promovido por ERC, que han leído conjuntamente en el Congreso, en el que exigen que se investigue hasta el final el caso.

Bajo el nombre "Declaración de denuncia", el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha iniciado la lectura denunciando la «gravedad» de los hechos. Han seguido leyendo el manifiesto diputados y portavoces de JxCat, Unidas Podemos, EH-Bildu, PNV, Más País, BNG , CUP y Compromís.

En su intervención, Rufián ha subrayado que el espionaje no era sólo a Torrent sino también a la exdiputada de la CUP Anna Gabriel, a otros representantes del independentismo y a las investigaciones e informaciones referidas al caso Villarejo,

Sergi Mikel, de JxCat, ha proseguido el relato calificando de «intolerable» el uso por motivos políticos del programa espía Pegasus e «impropio de un estado democrático y de derecho».

Para el diputado de En Comú Podem Jaume Asens, «una vez más, las cloacas del Estado actúan contra la disidencia política con herramientas opacas y antidemocráticas que vulneran derechos fundamentales. No es la primera vez que se recurre a la guerra sucia para perseguir a adversarios políticos».

La lectura del texto ha proseguido con la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, que ha recordado que en esta misma Cámara «se constató la existencia de una policía patriótica dedicada a atacar a los rivales políticos que contaba con su brazo mediático y su brazo judicial».

El portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha leído la parte del manifiesto que apela a que en una sociedad democrática no tenga no cabida «la persecución de rivales políticos con el uso de métodos ilegales. Esto nos debe preocupar a todos los demócratas».

Inés Sabanés, de Más País, ha exigido que se adopten «medidas drásticas» para garantizar que nadie será víctima de espionaje por defender un determinado proyecto político y el diputado del BNG Néstor Rego, ha apelado a que el Congreso investigue «nuevamente la existencia de las cloacas del Estado» y se cree una comisión amplia en la que puedan comparecer todos los implicados.

Ha cerrado la lectura el diputado de Compromís, Joan Baldoví, que ha asegurado que nunca dejarán de exigir responsabilidades porque nunca normalizarán prácticas ilegales que vulneran derechos fundamentales. «Es una exigencia democrática».