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Delgado suspende una orden que añadía trabas a la causa argentina sobre crímenes franquistas

La fiscal general del Estado español, Dolores Delgado, ha dejado sin efecto una orden firmada por su antecesora en el cargo, Consuelo Madrigal, de setiembre de 2016, en la que se instaba al fiscal jefe de Madrid a oponerse a la tramitación de comisiones rogatorias relacionadas con la causa abierta en Argentina por crímenes franquistas entre 1976 y 1978.

 Representantes de Martxoak 3 piden acabar con la impunidad de Martín Villa. (Juanan RUIZ/FOKU).
Representantes de Martxoak 3 piden acabar con la impunidad de Martín Villa. (Juanan RUIZ/FOKU).

La decisión de Delgado se ha materializado en una nota interna que se ha remitido a todos los fiscales jefes del Estado español con el objetivo de evitar poner trabas a los procedimientos que requieren cooperación jurídica internacional.

En este caso concreto de la querella Argentina, supondrá dar cumplimiento, en este caso, del Convenio de Cooperación en materia de justicia penal que existe entre el Estado español y Argentina. En todo caso, según fuentes de la Fiscalía, las peticiones que vayan llegando se estudiarán de forma individualizada, atendiendo a si se ajustan o no al citado convenio.

La decisión de la Fiscalía de no oponerse a las diligencias que puedan realizarse puede tener trascendencia de cara a la última citación realizada en este asunto por la titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal 1 de la República Argentina, María Servini, que ha fijado para el proximo 3 de setiembre el interrogatorio vía telemática del exministro Rodolfo Martín Villa, imputado en este proceso.

En todo caso, la última palabra sobre una comparecencia de estas características –que ha sido fijada y finalmente paralizada durante los últimos años–, será del juez, al que le tocará admitir o no la diligencia, según fuentes jurídicas.

Citación de Martín Villa

Servini pretende determinar las posibles responsabilidades de Martín Villa en presuntos crímenes del franquismo, como la matanza del 3 de marzo de 1976, en la que cinco personas murieron y más de un centenar resultaron heridas por disparos de la Policía Armada contra los participantes en una protesta obrera que se celebraba en Gasteiz.

La coordinadora Ceaqua, que representa a las víctimas, también le imputa responsabilidad en la muerte de Rafael Gómez Jauregi en Errenteria; de José Luis Cano Pérez en Iruñea; de Francisco Javier Núñez en Bilbo –todas ellas ocurridas en 1977–, así como de José María Zabala Erasun en Hondarribia y de de María Norma Menchaca en Santurtzi, ambas un año antes. También piden aclarar los sucesos acontecidos en la ciudad de Iruñea en julio de 1978 durante la celebración de las Fiestas de San Fermín.

El último intento de la juez Servini de interrogar a Martín Villa fue del pasado mes de marzo, cuando solicitó viajar a nuestro país el día 20 de ese mes mediante un escrito dirigido a la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional en Materia Penal del Ministerio de Relaciones Exteriores y de Culto. La crisis del covid-19 dio al traste con esta visita y con su posterior aplazamiento al mes de mayo.