El año 1974 había sido el de mayor actividad de ETA en los cinco precedentes. Su visibilidad y referencia, tras el tiranicidio de Carrero Blanco en diciembre de 1973, le había concedido la atención de los medios europeos en los estertores del franquismo. Al dictador apenas le quedaban dos soplos de vida, y las formaciones políticas vetadas desde 1939 se preparaban para el cambio. Como en los meses anteriores, la prioridad de la organización vasca era la de sacar a los presos a la calle, por dos medios: fugas y secuestros para el canje.

La primera intención con Carrero había sido, precisamente, la del rapto y su permuta por presos. En 1974 se había producido ya una fuga abortada en la cárcel de Basauri y la huida de Jon Urzelai, ayudado por un comando exterior, del Hospital de Donostia. Simultáneamente dos intentos de secuestro para el canje por presos habían fracasado. El primero en Zarautz, en la persona de Luis Gómez Acebo, cuñado del futuro rey Borbón. El segundo, en Cannes y el objetivo era Juan, hijo de Alfonso XIII y jefe de la casa real española.

Madrid, residencia de buena parte de las familias y aristocracia que sustentaban el régimen franquista, era epicentro para ese tipo de secuestros. ETA disponía de una infraestructura construida a partir de solidarios con los juzgados en Burgos en 1970, implementada con estudiantes vascos desplazados a la capital para cursar estudios universitarios. En Alcorcón, asimismo, un buen refugio camuflado en una vivienda susceptible de retener al secuestrado. Tras los contactos de ETA en París y Montevideo con el MLN uruguayo (Tupamaros), con experiencia en zulos y “cárceles del pueblo”, la organización vasca desplazó a la capital del Estado, en el verano de 1974, a tres militantes para construir en diversas viviendas de los simpatizantes con la causa vasca pequeños refugios para la guarda de armamento, documentos y su uso como escondite, llegado el caso. Cuando concluyeron, retornaron a Euskal Herria el 25 de julio, pero la Policía, que controlaba un buzón en Errenteria entre la dirección de ETA y un responsable en el “interior”, estuvo sobre aviso desde primeros de agosto de su paso por Madrid.

Con esa infraestructura en Madrid, la dirección de ETA evaluó diversas posibilidades de secuestro, también la del dictador, descartándolas finalmente. En ese verano de 1974, también preparó un informe preliminar sobre un ataque al corazón neurálgico de la represión franquista, la Dirección General de Seguridad (DGS), ubicada en la Puerta del Sol, donde en sus calabozos eran torturados los disidentes políticos y sindicales y en cuyas oficinas se ubicaban los máximos responsables policiales. Entre ellos José Sainz, recién nombrado máximo responsable de la lucha antiterrorista; Roberto Conesa, antiguo colaborador de la Gestapo nazi, formado en EEUU en técnicas anticomunistas y jefe de la Brigada Político Social (BPS), y su brazo derecho Antonio González Pacheco, Billy el Niño. Pero las dificultades para introducir explosivos en el recinto descartaron la operación.

Con la intención de dar una respuesta a las detenciones masivas y torturas, a la ejecución del militante catalán Puig Antich y a la muerte los meses anteriores de varios de sus militantes, ETA eligió como objetivo una antigua marisquería, convertida en cafetería y remozada con el nombre de Rolando, contigua a la DGS y en una de sus vías laterales, la calle Correo. Según el informe de la organización, numerosos agentes de la DGS y sus jefes alternaban en la cafetería.

El 13 de septiembre, a las 14:30 horas, una potente carga de dinamita explotaba en el interior de la cafetería que se encontraba repleta de parroquianos y policías. El primer balance fue de nueve muertos, cifra que ascendió a 12 en los días siguientes. Dos años después falleció la víctima número 13. Hubo, asimismo, 70 heridos de consideración.

La explosión y tragedia causaron una gran conmoción. Según la prensa franquista, era el atentado con mayor número de víctimas desde el fin de la guerra. La casi totalidad civiles y los dramas particulares, el de una pareja de recién casados en viaje de novios. Una empleada del archivo de la DGS y un inspector de policía fueron los únicos fallecidos relacionados con la sede de Puerta del Sol. Entre los heridos, 14 policías y un militar, -10 comisarios de la BPS- incluidos su número dos, Delso Pérez Conrado, su inspector-jefe Francisco Fernández y José Ubach Taranco, brazo derecho de Sainz. Todos ellos recibirían la Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo. El resto, los civiles, indemnizados como víctimas del terrorismo en 1999 y 2011.

Las primeras noticias sugirieron la autoría del FRAP, que desde la clandestinidad desmintió la misma. Un autodenominado “comando hitleriano” también reivindicó la acción, que la Policía achacó a una estratagema del Partido Comunista para desviar la atención. Al día siguiente, la Policía apuntó a ETA por una razón ajena al atentado. La BPS ultimaba el arresto de una red de colaboradores con la organización, desvelada tras la detención de dos militantes de ETA, dos semanas antes en Donostia, que habían participado en ese verano en la confección de los zulos en Madrid: José María Arruabarrena y José Antonio Garmendia. Ambos habían resultado gravemente heridos, tiroteados por la Policía. Garmendia había recibido incluso el tiro de gracia. Arruabarrena, además, había estado en Uruguay aprendiendo la técnica de los zulos.

El atentado aceleró las detenciones. Arruabarrena, sin reponerse de sus heridas y escayolado, fue trasladado urgentemente al hospital de la prisión de Carabanchel para un nuevo “interrogatorio” que le realizaría Conesa y que relataría Sainz: «Sé del quebranto moral y psíquico que sufren los aldeanos vascongados cuando se les saca de su tierra y aleja de los suyos. Todo ello utilizado habilidosamente puede conducir al final propuesto». Eufemismo sobre la tortura. La prensa francesa anunció que Arruabarrena había sufrido nuevamente malos tratos, perdiendo la conciencia. Gobernación desmintió las torturas señalando que «las más de las veces las confesiones se producen cuando el detenido se ve abrumado por las pruebas».

El “interrogatorio” provocó un hecho inédito. El Ministerio de Gobernación (Interior) difundió en la prensa la fotografía de Juan Manuel Galarraga y ofreció un millón de pesetas de recompensa por su captura, imputándole su participación en el atentado de la calle Correo. Galarraga, sin embargo, se encontraba en Ipar Euskal Herria y presentó numerosos testigos de su estancia.

La acción de la calle Correo coincidió temporalmente con una rueda de prensa del rey marroquí Hassan en la que anunciaba su intención de «recuperar» el Sahara a la fuerza. Los nervios desatados en la Administración española, espoleados por la prensa franquista que continuaba hablando de un «santuario etarra» en el sur del Estado francés, llevarían al Gobierno hispano a intentar promover nuevas presiones contra los refugiados vascos después de que el presidente Valery Giscard D'Estaing hubiese anunciado la concesión del estatuto de refugiado al secretario general del PCE, Santiago Carrillo, y de que los comunistas presentaran la Junta Democrática, junto al PSP, grupos monárquicos y disidentes del régimen.

En esta campaña, los mandos policiales echaron mano de un nuevo argumento: la muerte de Carrero Blanco y el atentado de la calle Correo habían sido obra conjunta de ETA y del PCE. La campaña también alcanzó al PNV. Unos días después del atentado, la agencia EFE difundía la noticia de que ETA y dirigentes del PNV, incluido el lehendakari Leizaola, habían tenido varias reuniones en Donibane Lohizune para compartir estrategia. El Estado francés, para frenar la ofensiva mediática, realizó una razia de militantes del GARI (Grupos de Acción Revolucionaria Internacionalista), a los que acusó de atentar contra intereses españoles, aunque no contra la cafetería Rolando. Entre los detenidos, un maestro de Ziburu y el anarquista navarro Lucio Urtubia.

Gobernación se echó atrás en la acusación contra Galarraga y Sainz ordenó entonces la detención de la red de “cárceles del pueblo”. Fueron 35 los arrestados en Madrid, Barcelona y Mallorca, de los que 12 serían imputados, ingresando en prisión: la feminista Lidia Falcón, Remedios Pérez y su pareja Antonio Durán -en búsqueda y captura desde 1971 por su dirigencia en CCOO-, María Paz Ballesteros, Eliseo Bayo, Carmen Nadal -militante del PCE-, Bernardo Vadell -piloto de Iberia-, Eva Forest, Mari Luz Fernández… Y el mismo día, la fiscalía filtraba la lista de procesados por la muerte de Carrero Blanco, todos ellos en rebeldía. De esa manera, tres casos diferentes -Carrero, Cárceles del Pueblo y Rolando- quedaban unidos frente a la opinión pública, aunque finalmente los sumarios, ambos inconclusos, serían dos. El 285/74 el de Rolando.

Una vez que la Policía se centrara en la pista de ETA, la primera hipótesis que manejó fue la de que Galarraga había sido contratado como camarero de la cafetería Rolando tres meses antes, bajo la falsa identidad de un ciudadano chileno, y que abandonó el lugar diez minutos antes de la deflagración. Descartada la misma, la segunda de las hipótesis fue achacar la explosión a una de las detenidas, Mari Luz Fernández, que estuvo 106 días aislada en una estrecha celda de castigo en la prisión de Yeserías. Jamás hasta entonces una presa había recibido semejante castigo en una cárcel hispana. Descartada también la conjetura, el comisario Sainz divulgó los retratos-robot de una pareja y la supuesta identidad de ambos, una ciudadana de Ipar Euskal Herria, hija de un histórico comunista vasco, y de un activista alicantino. Finalmente, la identidad del joven alicantino fue mutada por la de otra persona, un joven también del norte de la muga, militante de Mende Berri. Según el comisario Sainz, que lo escribió en sus memorias, ambos militantes habrían llegado a Madrid el 9 de septiembre y, tras el atentado, se escondieron en el mismo piso de Alcorcón que había albergado al comando autor del tiranicidio contra Carrero, para escapar el día 20 del mismo mes en tren a Barcelona.

Los hechos jamás fueron desvelados judicialmente porque el sumario, que estaba en fase de instrucción por parte de un Juzgado Militar y que derivaría en un Consejo de Guerra, nunca llegó al estadio de acusación fiscal. Únicamente dos de los presos preventivos con el caso de las Cárceles del Pueblo, relacionados con Rolando, fueron citados en las preliminares: Eva Forest y Mari Luz Fernández, que eligieron abogado defensor: Juan María Bandrés y Miguel Castells. La impresión de ambos abogados fue la de que ambas serían juzgadas en juicio sumarísimo y condenadas a muerte, evitando un macro juicio como el de Burgos. El régimen utilizó la estrategia prevista pero modificando los protagonistas. En juicios sumamente breves, y sin relación con los hechos de 1974, los militantes Jon Paredes y Ángel Otaegi serían condenados a muerte y ejecutados un año después del atentado de la calle Correo.

Los indultos parciales de finales de 1976 y comienzos de 1977, así como la Ley de Amnistía de octubre de 1977, sellaron la investigación policial y concluyeron la judicial. La gestión policial y propagandística del caso, considerada por el régimen un fracaso, llevó a la destitución, seis meses después de los hechos, de José Sainz, el comisario-jefe encargado de la investigación, y de su jefe de prensa Pajares. En el tercer trimestre de 1974, habían sido detenidas 1.309 personas en Euskal Herria, sin avances significativos en la investigación.

La asunción de la responsabilidad de ETA en el atentado estuvo matizada por la división interna que provocaría la división entre Milis y Polimilis. Al día siguiente del atentado, dos jóvenes militantes de la organización se trasladaron a París en tren para asistir a una cita previamente concertada con el diario “Libération”. Eran portadores del comunicado que reivindicaba el atentado. A su llegada nocturna a la capital francesa y como norma de seguridad, llamaron al contacto de la dirección en Ipar Euskal Herria para notificar que el viaje había transcurrido sin sobresaltos. La respuesta, sin embargo, les sorprendió. Debían destruir el comunicado y volver inmediatamente, disposición que cumplieron.

A su vuelta, la dirección de ETA difundió un nuevo comunicado, que fechó en Iruñea el domingo 15 de septiembre, en el que se manifestaban las diferencias de criterio evaluadas en la dirección. Comenzaba con un «trágico balance» para señalar que «la información recibida por lazos de solidaridad militante con núcleos revolucionarios del Estado español nos permite asegurar que la marisquería Rolando era un lugar frecuentado habitualmente por agentes y altos mandos de la Dirección General de Seguridad. Como tal, su plantilla, -desde el propietario hasta el último camarero- gozaba de absoluta confianza en los ambientes represivos españoles. Tal establecimiento constituía un importante centro de contacto y conexión entre la Policía y sus redes de confidentes, colaboracionistas y soplones. La categoría de la marisquería Rolando era tal que imposibilitaba, por lo elevado de sus precios, el acceso a ella a las capas populares en general y a las clases más explotadas en particular». El comunicado ampliaba las reflexiones con dos argumentos que, en la ambigüedad, no descartaban su participación: «Nos solidarizamos con toda acción antirrepresiva. En este sentido, apoyamos el planteamiento del trágico atentado de la calle Correo», y continuaba: «No todo es perfecto y limpio en el combate; la Revolución tiene también actos duros, trágicos. La explosión de Madrid constituye quizás el prólogo de un futuro con el que debemos encararnos en un plazo no muy lejano».

Las disensiones en reivindicar o no procedían de dos posturas que salieron enfrentadas en el Biltzar Ttipia (Ejecutivo más responsables de aparatos) y ambas coincidirían con opciones estratégicas sobre el futuro de la lucha armada. Para un sector, el minoritario, la acción de la calle Correo debía ser asumida como propia de ETA con todas sus consecuencias al margen de que estas fuesen traumáticas para el futuro inmediato. Consideraban que una organización que luchaba contra un sistema político no podía caer en los «errores propios del enemigo», en este caso la deformación u ocultación de un hecho. Esta postura favorable a asumir la acción fue defendida por los que en la misma reunión se alinearían con la que luego sería rama militar.

En cambio, para el sector mayoritario en el Biltzar Ttipia, posicionado a favor de las tesis político-militares, la acción de Correo suponía un descrédito para la línea que había llevado la organización hasta entonces y, por tanto, se debía ocultar la paternidad de ETA. El final de la discusión sobre la cafetería Rolando fue el inicio del debate sobre la estructura frentista de la organización, que se resolvería unos días después con la retirada de la reunión de los cuatro responsables que formarían el embrión de ETA militar (entre ellos Txomin Iturbe y José Luis Arrieta). En la reunión se llegó a plantear incluso tomar medidas disciplinarias contra los autores del atentado, propuesta que fue rechazada.

Fechado en Tolosa el 17 de octubre, ETA político-militar, esta vez ya consumada la división, alumbró un comunicado radicalmente contrario a los dos anteriores: «ETA niega totalmente la responsabilidad de la preparación y ejecución del atentado de la cafetería Rolando. Intentar determinar quién o quiénes eran los responsables de la explosión ha sido la razón de nuestro silencio. Hoy ya estamos en las condiciones de afirmar que todos los indicativos establecen que el atentado de la calle Correo ha corrido a cargo de núcleos ultra-fascistas estrechamente ligados a determinados medios políticos del Estado español».

Durante décadas, los relatos sobre la tragedia de la calle Correo imputaron a ETA su autoría, incluidos los emanados desde la izquierda abertzale. Un informe confidencial de la CIA de 1982 (Worldwide Report. Terrorisme, FOUO 6/82), desclasificado en febrero de 2007 y que dedicaba a ETA un extenso análisis, ya incidía en las dudas generadas sobre su responsabilidad en el caso Rolando: «La organización terrorista vasca había acumulado prestigio a partir del Proceso de Burgos y del asesinato de Carrero Blanco, y había desarrollado una imagen muy favorable, a raíz de la cual se consideraba que el terrorismo de ETA era selectivo, teniendo como objetivo a personas concretas del aparato policial o de la Administración del Estado, pero incapaz de un acto de ‘terrorismo de masas’ carente de discriminación en cuanto a las víctimas». El informe también recogía una reflexión del comisario Sainz: «Este es el acto más lamentable que ha llevado a cabo ETA y habla muy mal de ella. Quizá no lo ordenó la organización, sino un comando». Y el redactor del trabajo de los servicios secretos añadía: «A ojos de este experto, este incidente no encajaba con lo que ETA había estado haciendo hasta ese momento».

En 2018, 44 años después, una nueva generación perteneciente a la dirección de ETA reconoció la autoría: «Es creencia firme de ETA hoy que aquella acción fue responsabilidad de la organización. No podemos desmentir lo afirmado entonces por la dirección, pero ese es nuestro parecer hoy. No vamos a atribuir aquello a ninguna mano negra. Si lo hicimos nosotros y la dirección decidió no asumirlo, ETA cometió dos graves errores: el primero colocar la bomba y, el segundo, no haber asumido haberlo hecho».