Las bolsas de plástico gratuitas, que los comercios han venido empleando durante tantos años para entregarnos los productos que adquiríamos, tienen las horas contadas. En el ámbito de la Unión Europea, mediante la Directiva 215/720 aprobada por el Parlamento y Consejo europeos, se marcaba el objetivo de reducir en lo posible el consumo de estos soportes. Con la primera medida disuasoria, que supone cobrarla a los consumidores que la soliciten, se intentará alcanzar la desaparición “casi total” de su uso diario y efímero.

Esta normativa continental ha ido adecuándose a los tiempos que finalmente marcan los países miembros. Así, Irlanda, Italia o el Estado francés ya adoptaron medidas trasponiendo a su legislación la mencionada directiva, en tanto que en el resto de lugares se ha ido haciéndolo en cómodos plazos, con algunas salvedades, como pueden ser los casos de Catalunya o Baleares, donde su entrega gratuita está prohibida desde 2016.

Las cifras que se manejan en la UE sobre el consumo anual por persona superan las 240 bolsas, y el objetivo es llegar a las 90 anuales para el año 2019 y a la mitad para el 2025. El estado de la situación actual en mares y vertederos es un libro abierto, así que resulta obvia la mesura en la sobreutilización de este derivado del petróleo que tanto daño hace. Por tanto, se debe concienciar la reducción de su uso, fomentar el reciclaje y/o reutilización con iniciativas como la economía circular, por ejemplo.

Según la ley estatal que entra en vigor, las bolsas tendrán un precio entre 5 y 30 céntimos, como hace tiempo se puso en marcha en algunos establecimientos. Las más económicas serán las de plástico compostables con un espesor de hasta 29 micras, seguidas por las de 30 micras o más y las de 29 micras o más pero no compostables (10 céntimos), las de 30 micras o más no compostables (15 céntimos) y las oxodegradables de 50 micras o más (30 céntimos), y están exentas las bolsas que se emplean como envases para los alimentos a granel.