Aclaraciones necesarias

Durante el periodo de alarma sanitaria, los sucesivos Decretos emitidos desde el Gobierno español han ido generando más dudas que certezas. La parte que nos toca como personas consumidoras y usuarias tiene también sus críticas al no haber sido expuestas con claridad, ya que dejaba en el limbo de las indefiniciones el ser “solidarios de buena fe” o por real mandato. Sirva como prueba el flagrante caso de las anulaciones de viajes.

El Ministerio de Consumo publicó un decreto para que todos (agencias de viaje, compañías aéreas, hoteles, etc.) llegaran a acuerdos con los usuarios por los servicios que habían pagado y que se habían anulado, y se pudieran ofrecer bonos destinados a viajar en otras fechas libres ya de restricciones de movilidad. Hasta aquí correcto, porque se suponía que las empresas implicadas iban a ejercer correctamente el procedimiento con sus respectivos clientes. Es decir, derecho ineludible al reembolso por los servicios no prestados, o la posibilidad de entregar unos bonos. Sin embargo, el Ministerio de Consumo se ha encontrado con miles de denuncias de usuarios que reclaman su dinero, ya que las compañías insisten en ofrecer simplemente los bonos para viajar, incluso citan el decreto para reforzar su interpretación torticera.

El quid de la cuestión. Todos y todas somos conscientes de la gravedad de la situación económica que nos afectará un largo tiempo, tanto a las empresas como a quienes estamos en la otra parte del binomio. Entendemos la queja-justificación del representante empresarial cuando dijo que «la situación de las compañías en estos momentos es inédita ya que, desde marzo, el 90% de las plantillas está en ERTE y solo el 10% está teletrabajando. Nuestro esfuerzo está en que los consumidores puedan recibir el reembolso por los vuelos cancelados, pero las compañías están trabajando en unas condiciones difíciles y lo devolverán poco a poco».

¿Y que pasa con otros sectores productivos de la sociedad que no viven del turismo si todos nos miramos el ombligo? Ser solidarios de buena fe o por decreto mal redactado, ese es el quid de la cuestión.