Viviendas colectivas, sociales, asequibles, poligonales

La vivienda colectiva y social es un tema de investigación y de batalla desde hace mucho tiempo en la arquitectura. En la Roma imperial, la arquitectura y la ingeniería de la ciudad venían a representar el propio poder imperial, y la cultura romana fue netamente urbana. Eso no les libró de la escasez de vivienda, y hay registros de las quejas sobre la falta de ella, la carestía de los alquileres, la contaminación, o por el ruido y peligro que causaban los carruajes por dentro de las ciudades. En la historiografía occidental, la vivienda colectiva es un invento romano; las insulae (casas de alquiler) tenían tres, cuatro y hasta cinco pisos de altura, numerosos balcones, ventanas y galerías a la calle o a los patios ajardinados interiores. Estaban construidas con ladrillo, madera y un primitivo hormigón. La parte baja servía bien de taller o tienda de los propietarios del primer piso, o se alquilaba, anticipando lo que los teóricos llamarían, siglos más tarde, mix de usos.

La vivienda social, tal y como la entendemos ahora, comienza también con una situación higiénica y sanitaria que, debido al hacinamiento de la nueva ciudad industrial, hacía que enfermedades como la tuberculosis se llevaran a buena parte de la población por delante –en especial niños y niñas–. Ese movimiento, denominado Higienismo, planteaba reformas tan básicas como inusuales por aquel entonces, como por ejemplo tener un retrete por planta –que no por vivienda–, o simplemente ventanas en las habitaciones destinadas a las personas. La situación se agravó con la Gran Depresión y la crisis económica de los años 30.

El estudio francés Bruther, juego de palabras derivado de los apellidos de sus directores, Stéphane Bru, firmó en 2013 un proyecto de 50 viviendas de alquiler asequibles, siendo un trabajo muy apreciado por los profesionales del sector. Localizado en la población de Limeil-Brévannes, el proyecto parte en 2009 como una invitación a un concurso restringido. El estudio ha labrado su carrera con numerosos primeros premios en muchos concursos, es asombroso pensar que este concurso se gana dos años después de abrir la oficina.

El edificio se parte en tres segmentos para adecuarse mejor a la parcela resultante. Se colocan unidades de vivienda a las que se accede mediante unas pasarelas que se abren al este, colocando baños y cocinas hacia ese lado. En el otro lado, el oeste, se abre un parque y una zona más amable de la ciudad. Las pasarelas se forjan con una curiosa estructura de hormigón armado –otra de las señas de identidad del estudio francés–, que zigzaguea por la pasarela.

Políticas de VPO. Los mimbres de lo que hoy entendemos como vivienda social comienzan a trenzarse tras la Guerra del 36. La gran migración de los pueblos a las ciudades, y la necesidad de movilizar gran parte del suelo –en manos de grandes propietarios, reacios a arriesgar sin una garantía de beneficio– hicieron que el Gobierno de la dictadura franquista permitiera edificaciones en gran altura, de baja calidad y espacios internos escasos, colocados sobre un terreno habitualmente sin urbanizar. De este modo, esos grandes “polígonos” –llamados así por la línea poligonal que encerraba el barrio de nueva creación– fueron albergando población chabolista, o bien trabajadores de las fábricas, obligados en cierto punto a garantizar vivienda a sus trabajadores.

Desde entonces, la vivienda social ha girado alrededor de la sociedad en la Europa contemporánea. Las políticas de VPO han convertido en perceptores de vivienda social a un estamento social –hijos e hijas de clase media– que en principio no debiera tener una dificultad tal de acceso a la vivienda. Durante el tiempo desde la aprobación de la Ley Maturana, ley que a finales de los noventa marcaba la necesidad de reservar un porcentaje de suelo para vivienda protegida, hemos visto cómo estos inmuebles de protección oficial pasaban de tener un derecho de suelo eterno (que significaba que en las casas de protección oficial solo se “vendía” el derecho a vivir, pero no el suelo, que seguía siendo público) a tener un derecho de superficie a 75 años, a recientemente una propuesta del consejero del Gobierno de Lakua, Iñaki Arriola, para que se pueda “vender” el suelo público de esas viviendas para que los propietarios puedan tener su casa al completo.

El resultado es que, tras 25 años de políticas “duras” de vivienda social, tenemos un parque de vivienda pública paupérrimo y un difícil acceso a la vivienda de clases populares y jóvenes.