Partimos de que era algo “cantado”: el dinero en efectivo tiene sus días contados. De nuevo, la situación creada tras la irrupción del coronavirus está jugando otra baza. Y es que cuando se dan cambios radicales en nuestra existencia siempre vienen cargados de razones aplastantes que mitigan las reticencias sociales. Recuerden uno de los últimos ejemplos potenciado desde la llegada de la pandemia, como ha sido el “páguese solo con tarjeta porque el dinero sonante es un potencial asesino cargado del letal virus”, y me darán la razón.

En este sentido, en el Congreso español el grupo parlamentario del PSOE planteaba hace poco la eliminación gradual del dinero en efectivo, en una proposición no de ley sobre la orientación del sistema tributario ante la crisis provocada por la covid-19. Nada que objetar cuando la salud es prioritaria. Y si le añadimos a la medida que dificulta la financiación de actividades ilegales, tan presentes en nuestros días con los evasores a Suiza y otros paraísos fiscales, pues bueno. Aunque sean pocos e impunes, al resto mayoritario nos fuerzan a la transición.

Claro que junto a los pros vienen los contras y así lo advierte el Banco Central europeo cuando dice que «la supresión del efectivo puede suponer un grave problema si los suministros de los proveedores de pago fallan o sufren un ataque. Los problemas de ciberseguridad cobran especial importancia si solamente se dispone de dinero digital para realizar las transacciones». Aunque tratándose de la banca es una excusatio non petita... y huele fatal.

Al margen del sistema financiero. Por otra parte, la supresión del efectivo, sin una alternativa o una legislación blindada, le va a otorgar al sistema financiero un monopolio (establecer comisiones sin posibilidad de eludirlas, una radiografía exacta de nuestras vidas siempre objeto de control, etc). Esta práctica no solo podría dañar el consumo, sino que sería regresiva, dado que las rentas bajas son las que destinan al consumo una mayor proporción de sus ingresos. Ni que decir de aquellos que se sitúen al margen del sistema financiero pues quedarían automáticamente privados de la posibilidad de realizar transacciones. O sea, unos proscritos.